El petróleo argentino tiene una larga historia de disputas.
Hace algunos días recordábamos que uno de los ingredientes del derrocamiento de Perón en 1955 fue la cuestión del petróleo: poco antes de caer, Perón había enviado al congreso, proponiendo su aprobación, el contrato con la California, empresa de la Standard Oil de los Estados Unidos.
Ya en ese tiempo, la discusión sobre el petróleo se prestaba al ejercicio fácil del patriotismo: Perón fue acusado de entreguista por toda la oposición (radicales, socialistas, comunistas) e incluso el General Lonardi, de paso fugaz por el poder, hizo uso de su bravío nacionalismo señalando a Perón como un entregador de la riqueza nacional.
Uno de los más enérgicos impugnadores del contrato con los inversores norteamericanos, fue Arturo Frondizi, joven y ascendente radical que escribió Petróleo y Política, donde reclamaba para el país y para YPF el derecho y la obligación indelegable de explotar el petróleo.
En su libro La fuerza es el derecho de las bestias, escrito desde su forzado exilio, Perón deja en claro el motivo de la concesión a la empresa extranjera: el país necesitaba autoabastecerse de petróleo pues había aumentado su consumo y la factura de importación ya se tornaba imposible de pagar. En ese libro Perón también deja en claro que YPF no había cumplido con eficiencia su tarea y que por eso debía contratarse a una empresa que tuviera las maquinarias necesarias y el know how imprescindible para cumplir esa tarea.
Sus palabras resultaron proféticas pues luego el propio Frondizi, que había criticado con dureza la contratación impulsada por Perón, se vio forzado a cambiar su punto de vista y a contratar a empresas transnacionales para cumplir la tarea, ratificando la política trazada por Perón poco antes de ser derrocado por la Revolución Libertadora.
Fue el gobierno de Arturo Illia el que anuló los contratos petroleros de Frondizi en un acto de “nacionalismo” formal, ajeno a las reales necesidades del país en materia de provisión de hidrocarburos. En los ochenta, Alfonsín criticó esta nacionalización e impulsó el Plan Houston, de nueva apertura hacia el capital extranjero.
El pasado reciente es conocido: la privatización de YPF durante el gobierno de Menem desató, años después, una ola de protestas nacionalistas aunque en el momento había sido apoyado por todo el peronismo, por el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner y también por la actual presidenta.
Fue la política de precios del gobierno nacional la que comenzó a atentar contra el autoabastecimiento logrado en los noventa. Las empresas comenzaron a bajar su producción y a suprimir la exploración. Las reservas se redujeron en más de un tercio y la Argentina comenzó nuevamente a importar combustibles. La factura llegará este año a los 10.000 millones de dólares. Una cifra que complica las cuentas externas y que ha puesto nervioso al gobierno.
Ante la evidencia de este rotundo fracaso, anunciado por un sector de la oposición durante años, el gobierno comenzó a mirar a su alrededor para detectar algún culpable. Y señaló hacia YPF y otras empresas menores. Sin embargo, YPF había sido la niña mimada por Néstor Kirchner quien la había dotado incluso de un socio sin capital. En efecto, Néstor había presionado a Repsol para que aceptara incluir como socio a la familia Eskenazi, con el particular privilegio de no aportar un peso. El arreglo –sumamente ventajoso para el nuevo socio- consistía en que los Eskenazi pagarían su parte con utilidades futuras. Esta condición impactaba a la empresa pues la obligaba a distribuir utilidades por encima de lo recomendable, a fines de que el nuevo socio pudiera obtener los recursos para pagar su parte.
Pues bien, después de veinte años desde la privatización y luego de casi diez años en el gobierno, Cristina ha llegado a la conclusión de que es YPF el responsable de la falta de petróleo en el país, algo que se veía venir y que numerosos técnicos le venían advirtiendo en medio de risotadas de la prensa adepta y de burlas de los funcionarios como De Vido, responsables del sector.
En economía no hay magia. Existen muchas leyes de cumplimiento tan riguroso como las de la física. Esta situación llegaría en algún momento. Era inexorable. Ahora aparecen los arrestos nacionalistas en defensa del supuesto interés nacional. Y volveremos sobre nuestros pasos para comprobar, dentro de algunos años, que necesitamos el concurso del capital externo para que nos ayude a extraer el petróleo.
Con discursos nacionalistas se intenta encubrir una ineficiencia básica: administrar mal el sector, apretar a las empresas para que concedan ventajas a nuestros amigos (no al país: a los amigos) y luego de tanta torpeza, culpar a la propia empresa de tanto desmanejo.
Es para casos como éste que Samuel Johnson había dicho que “el patriotismo es el último refugio de los canallas”.
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