La contratación de artistas populares por parte de los gobiernos ha causado revuelo en los últimos días. Así pasó con Carlos “la mona” Jiménez en Córdoba (a raíz de una actuación suya en Río Cuarto) y con Carlos Baglietto y Fito Páez en Rosario, contratados ambos para el acto del Día de la Bandera.
Las cifras que habrían embolsado los artistas han sido motivo de comentarios ácidos de parte de algunos comunicadores y oyentes en diversos medios de comunicación. Se considera que 425.000 pesos para un show de Fito Páez es una cifra encumbrada, al igual que los 100.000 que cobró Carlos Baglieto por entonar dos canciones patrias: Aurora y el Himno Nacional.
En el caso de Córdoba, el jefe de gabinete Oscar González salió al cruce de las críticas que comparaban los altos montos pagados a los artistas por la provincia con los exiguos sueldos con que se retribuye a un maestro, gremio que actualmente pulsea con el gobierno de De la Sota.
González tiene toda la razón cuando dice que no se trata de cifras comparables, que los dineros gastados en los recitales populares no solucionarían el problema de los docentes. Eso está claro. Pero existen algunos problemas para que esta explicación quede completamente validada.
Uno, que existe toda la impresión de que el gobierno, al organizar recitales con fondos públicos, no está movido fundamentalmente por una inquietud cultural sino por un simple afán publicitario apenas escondido detrás de un grueso cálculo electoralista. Los recitales son un tipo de actividad simpática, que junta votos. Eso es lo que se piensa. Es publicidad electoral con fondos públicos.
El otro problema no tiene una dimensión racional ni matemática, parámetros presentes en el argumento de Oscar González. Cuando existe un debate salarial en un área tan sensible como educación, es razonable que a los protagonistas del reclamo, los maestros en este caso, el dinero gastado en recitales con La Mona le parezca una asignación no prioritaria de los dineros públicos, un despilfarro poco acorde con el tiempo de ajuste que se vive y una desproporción e injusticia en relación con los propios salarios docentes. En otras palabras, una ostentación de riqueza presupuestaria inoportuna.
Es raro que ni González, un político avezado, ni el propio gobernador hayan percibido el cambio de clima que se está operando en la política. Cada vez más estarán presentes las disputas salariales, con todo lo que ello implica: malhumor de los involucrados y poca disposición a valorar expresiones culturales costosas u otros gastos similares, que en otros momentos de mayor holgura eran bien recibidos o bien pasaban inadvertidas.
Pero ahora, y de aquí en adelante, cada peso que gaste el estado será escrutado por los que trabajadores públicos y también por los contribuyentes. No importa que los montos no sean comparables ni interesa tampoco que con el dinero gastado no puedan solucionarse los problemas cuya remoción se reclama. En tiempos de privaciones muchos gastos pasan a ser considerados despilfarro por quienes antes los aceptaban calladamente. Las quejas por los aumentos de los sueldos a los legisladores nacionales tiene la misma índole. En otras palabras: no basta con tener la razón desde el punto de vista puramente racional o matemático. Un político debe tener en consideración el humor popular y el sentido de la oportunidad de cada uno de los actos de gobierno.
De eso, entre otras cosas, se trata la política.
Pues bien, ésta es una de las cosas que ha cambiado. Hay que acostumbrarse a gobernar con poca plata. Y eso supone priorizar los gastos. La cultura, claro está, es muy importante. Pero un gobierno que gasta dinero grande en recitales está dando una señal poco austera acerca de su situación económica y financiera.
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