Cuando se hizo evidente la imposibilidad de continuar aumentando el gasto público tal como el gobierno lo venía haciendo, se habló de la necesidad de un “ajuste”, palabreja despreciada e incluso prohibida para los gobernantes.
Ajuste es adecuación, puesta a punto, retoque y, claro, en algunos casos también rectificación de un rumbo determinado. Pero es una palabra asociada a baja en el nivel de la actividad económica y menores ingresos para todo el mundo. Por eso el gobierno prefiere la pudorosa denominación de “sintonía fina”.
Pero a poco de empezar a transitar ese camino, con la rebaja de subsidios (“redireccionamiento”, según el léxico oficial), el gobierno parece haber desistido al menos de la intensidad de medidas que parecían inminentes. Es que se trata de medidas muy impopulares, que reciben el rechazo generalizado de la gente. Por eso, ha decidido echar mano a un tubo de oxígeno que aún tiene disponible pero cuya utilización encierra peligros: el Banco Central. La posibilidad del gobierno de recurrir al BCRA para inyectar dinero a plaza incluso más allá de lo que pudiera resultar aconsejable desde el punto de vista técnico.
Es la solución más cómoda: al gobierno no le faltará dinero, tendrá disponible todo el que desee. Podrá inyectar el equivalente al 50% del que ya está en circulación. Pero ésta es la solución más peligrosa: puede reforzar la escalada inflacionaria. Como sea, se trata de la variante más adecuada para este gobierno. La idea que sobrevuela el sedicente espíritu revolucionario es el de “nunca menos” o bien “vamos por todo”. Esto significa que nunca se aceptará tomar en sus manos un ajuste, un encogimiento, una restricción autoimpuesta. No: es preferible elegir variantes que supongan que a los ajustes los realizan otros. Terceros. Gente ajena al gobierno nacional que, en definitiva, carecen de la habilidad, los conocimientos o la voluntad transformadora de los que habitan la Casa Rosada. Y que, por eso, por inútiles o mal nacidos, hacen sufrir a la gente con los temidos ajustes.
Si el gobierno no puede ya bancarse los subterráneos, ¿qué mejor que dejárselos a Macri para que sea él quien realice el trabajo odioso del ajuste y el aumento de tarifas? Algo similar sucede con las provincias. En este caso se demoran las transferencias pactadas, las deudas asumidas. Que sean los estados provinciales los que se atrasen con los jubilados, con los proveedores o que posterguen obras públicas programadas.
Pero aún así, con estas pequeñas avivadas que denotan ya la existencia de problemas de financiamiento, quedan todavía los ajustes mayores. Pero tampoco el gobierno quiere poner la cara por ellos.
No es su estilo. Es la derecha la que ajusta no un gobierno nacional y popular. Es preferible, en este caso, morir con las botas puestas, dando batalla en el camino que se transita.
¿Esto significa que podrá evitarse el ajuste? No. De ningún modo. Significa que las variables se ajustarán de todos modos pero no por acciones sino por omisiones del gobierno. Por ejemplo, mediante la inflación. Y esto supone un retroceso en los salarios y un impuesto sin texto legal que lo sostenga.
Esta forma de ajuste resulta muy conveniente al estilo y al discurso del gobierno. Si hay caída en el nivel de actividad, podremos culpar de ello a la crisis mundial, a las dificultades para exportar. De la inflación, ya sabemos quienes son los responsables: las inescrupulosas empresas que, con su avidez de ganancias, someten a la población a indecibles penurias.
Si cae la producción, como ha sido en el anunciado caso del petróleo, las culpables son las empresas que no producen lo suficiente.
La culpa será de los ávidos empresarios o de los países desarrollados, o de la banca mundial, nunca del gobierno, ni de su imprevisión, ni de su estilo dispendioso con fines electorales. No: siempre los culpables serán los otros. Pero el ajuste sobrevendrá. Más tarde o más temprano.
Con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central el gobierno tiene a su disposición un instrumento peligroso, que le puede hacer pensar que, efectivamente, el gasto público puede llevarse a cualquier nivel y que los que reclaman por ese motivo son, simplemente, los economistas de la derecha, los enemigos del pueblo argentino.
Veremos qué pasa.
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