La tragedia iniciada en Villa Soldati y que estremece al país se debe a un conjunto de factores que no son tomados en cuenta ni abordados con la necesaria lucidez por la ceguera que producen ideologías erróneas, afirmadas entre nosotros desde hace años. Me referiré en esta nota sólo a uno de ellos. Dejo para otra ocasión el análisis de la pobreza estructural, la decadencia educativa, el mal estado sanitario, las supuraciones de la corrupción, el avance del narcotráfico, la multiplicación de la delincuencia, el lavado de dinero, la chatura de la política, la degradación de la república, el problema habitacional, el chantaje a la producción, etc.
Abordaré sólo la violación a la ley, factor que brinda luz verde a cualquier tropelía de mayor o menor envergadura. Esa violación de la ley ha sido permitida y hasta incentivada por el uso demagógico de la palabra “represión”. Siembra vientos y recoge tempestades. Quizás un exceso de psicoanálisis silvestre contribuyó a ponerle la palabra “represión” a todo acto que pretenda recordar los límites, defender estructuras o mantener vivo el articulado de la Constitución Nacional. Se acaba de llegar al absurdo expresado por el jefe de Gabinete de “no reprimir” a vecinos y okupas que intercambiaban disparos con armas de fuego. Es decir, según su criterio humanista y caritativo, hay que dejarlos matarse alegremente. “Que se haga cargo el Gobierno de la Ciudad”, dijo suelto de cuerpo. Si se matan entre ellos, será la horrible guerra de pobres contra pobres, desde luego. ¿Pero es preferible que sigan liquidándose o hay que entrar con toda la energía posible para detener la masacre? Para el Gobierno es mejor que la Policía Federal no entre, por supuesto, porque eso sería “reprimir”. Y tendría que cargar los costos políticos. Igualmente absurdo es que muchos pidan la intervención de la policía, pero cuando la policía sufre ataques con piedras, palos y hasta balas, ésta no debe ni siquiera defenderse con un puñetazo. Sabemos que si un policía aplica un puñetazo, comete delito. Por supuesto que la mayoría de los argentinos repudiamos los puñetazos y toda manifestación de violencia, ¿pero cómo debería proceder entonces la fuerza pública? ¿repartiendo margaritas, incluso a quienes la desobedecen, insultan y agreden? ¿Para qué tenemos fuerza pública, pregunto? ¿Sólo para lucir uniformes que ni siquiera mueven un pelo a nadie? ¿Para que asesinen a agentes con impunidad?
Es cínico que se provea de armas a la policía, porque si las usa, termina severamente sancionada. Y si no las usa, no consigue disuadir. El Estado ahorraría mucho eliminándola por completo. Sería más coherente.
Entonces llegaremos a disfrutar de una libertad maravillosa. Pero claro, la libertad de la selva. Ahora bien, si no queremos la terrible selva, entonces hay que hacer lo que indica la racionalidad: establecer límites y cumplir con la ley. No hay otra.
Los seres humanos, tanto a nivel individual o colectivo, tendemos a sentir molestia ante la prepotencia de los límites, de los deberes, de las contenciones. Pero estos tábanos “represores” son los que permiten crecer y convivir. La Constitución es un catálogo de límites, expresados como derechos y obligaciones. ¡No olvidarlo!: “obligaciones”. La fobia contra la “represión” de todo tipo estimula a que no se cumplan las obligaciones. ¿Ejemplos? La obligación de no interrumpir el tránsito por rutas y caminos, no ocupar edificios públicos como las escuelas, y no apropiarse de espacios que pertenecen a toda la comunidad.
El presidente Mujica acaba de brindarnos un buen ejemplo al decretar la prohibición absoluta de ocupar edificios públicos. Lo hace en medio de una cadena de huelgas y una baja de su popularidad. Pero responde a su deber de estadista. Esta decisión irá calando en la profundidad de los hábitos y con el tiempo a ningún uruguayo se le ocurrirá usurpar un edificio público. Por lo tanto, no habrá necesidad de mandar policías ni “reprimir”. Todo funcionario jura al asumir que cumplirá y hará cumplir la ley. Pero entre nosotros, antes que cumplir la ley, se sabe que conviene dejar que la violen, para no “reprimir”, porque “reprimir” quita votos. Hay que proceder como los padres cómodos y permisivos, que al final se tiran de los pelos.
No tengo dudas en condenar los tipos de represión que efectúa una dictadura y hasta gobiernos autoritarios elegidos equivocadamente por la ciudadanía (Hitler, Chávez, etc.). Otra cosa es poner límites y obligar a que se respete la ley, dentro de los claros postulados de una democracia. Incluso será más efectiva la democracia cuanto más estricto sea el cumplimiento de la ley. Pero si en nuestro país ni siquiera son obedecidas las resoluciones del más alto tribunal de la nación, que es la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo vamos a esperar que chicos, grandes, ricos, pobres, vecinos, okupas, funcionarios, gente de a pie o gente de cualquier otra condición las cumpla? Aquí la ley se ha vuelto algo abstracto y contingente.
Un juzgado prohibió el asentamiento en el Parque Indoamericano. Esa decisión judicial hubiera sido suficiente en una democracia con instituciones firmes, para que no se usurpe el sitio. Pero se violó la ley. Es grave la situación de gente pobre sin techo, ni comida, ni asistencia. Pero eso no la autoriza a violar la ley. Debemos tener el coraje de reconocerlo. Y tener el coraje de acusar y presionar a los poderes que no saben o no quieren desarrollar políticas de Estado eficientes que resuelvan los daños de esa pobreza, carencia habitacional, falta de trabajo, explotación en negro, inflación y otros males que golpean con más saña a quienes menos tienen.
Es cínico que se provea de armas a la policía, porque si las usa, termina severamente sancionada. Y si no las usa, no consigue disuadir. El Estado ahorraría mucho eliminándola por completo. Sería más coherente.
Entonces llegaremos a disfrutar de una libertad maravillosa. Pero claro, la libertad de la selva. Ahora bien, si no queremos la terrible selva, entonces hay que hacer lo que indica la racionalidad: establecer límites y cumplir con la ley. No hay otra.
Los seres humanos, tanto a nivel individual o colectivo, tendemos a sentir molestia ante la prepotencia de los límites, de los deberes, de las contenciones. Pero estos tábanos “represores” son los que permiten crecer y convivir. La Constitución es un catálogo de límites, expresados como derechos y obligaciones. ¡No olvidarlo!: “obligaciones”. La fobia contra la “represión” de todo tipo estimula a que no se cumplan las obligaciones. ¿Ejemplos? La obligación de no interrumpir el tránsito por rutas y caminos, no ocupar edificios públicos como las escuelas, y no apropiarse de espacios que pertenecen a toda la comunidad.
El presidente Mujica acaba de brindarnos un buen ejemplo al decretar la prohibición absoluta de ocupar edificios públicos. Lo hace en medio de una cadena de huelgas y una baja de su popularidad. Pero responde a su deber de estadista. Esta decisión irá calando en la profundidad de los hábitos y con el tiempo a ningún uruguayo se le ocurrirá usurpar un edificio público. Por lo tanto, no habrá necesidad de mandar policías ni “reprimir”. Todo funcionario jura al asumir que cumplirá y hará cumplir la ley. Pero entre nosotros, antes que cumplir la ley, se sabe que conviene dejar que la violen, para no “reprimir”, porque “reprimir” quita votos. Hay que proceder como los padres cómodos y permisivos, que al final se tiran de los pelos.
No tengo dudas en condenar los tipos de represión que efectúa una dictadura y hasta gobiernos autoritarios elegidos equivocadamente por la ciudadanía (Hitler, Chávez, etc.). Otra cosa es poner límites y obligar a que se respete la ley, dentro de los claros postulados de una democracia. Incluso será más efectiva la democracia cuanto más estricto sea el cumplimiento de la ley. Pero si en nuestro país ni siquiera son obedecidas las resoluciones del más alto tribunal de la nación, que es la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo vamos a esperar que chicos, grandes, ricos, pobres, vecinos, okupas, funcionarios, gente de a pie o gente de cualquier otra condición las cumpla? Aquí la ley se ha vuelto algo abstracto y contingente.
Un juzgado prohibió el asentamiento en el Parque Indoamericano. Esa decisión judicial hubiera sido suficiente en una democracia con instituciones firmes, para que no se usurpe el sitio. Pero se violó la ley. Es grave la situación de gente pobre sin techo, ni comida, ni asistencia. Pero eso no la autoriza a violar la ley. Debemos tener el coraje de reconocerlo. Y tener el coraje de acusar y presionar a los poderes que no saben o no quieren desarrollar políticas de Estado eficientes que resuelvan los daños de esa pobreza, carencia habitacional, falta de trabajo, explotación en negro, inflación y otros males que golpean con más saña a quienes menos tienen.
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