Cuando lavarse las manos trae problemas. Por Daniel V. González

Hay dos palabras que el gobierno nacional pretende excluir de su lenguaje.
Una, vinculada a la economía, es “ajuste”.
La otra, del mundo de la política, es “represión”.
En ambos temas el gobierno no admite el camino sinuoso, las idas y venidas que a menudo reclama la realidad. No: piensa que rectificar aunque sea parcialmente su política económica no es propio de un gobierno progresista. De igual modo, utilizar la policía en algo distinto que sea espiar a los rivales políticos, tampoco lo es.
Pero claro, más allá de la voluntad política de los gobiernos, las realidades se abren paso de todos modos. Si no hay ajuste, aparece la inflación, que es el modo más perverso de ajustar pues el costo recae sobre las espaldas de los más pobres.

Si no hay represión, porque se entiende que las fuerzas de seguridad no deben ejercer la violencia contra el que protesta, entonces ésta aparece en manos privadas. La ejercen los vecinos o los ocupantes ilegales. Entonces, en ambos casos, el presunto “logro popular” se cae a pedazos pero siempre quedará el argumento de culpar, en el caso de la inflación, a los empresarios enemigos del país y, en el caso de los muertos en la pelea de pobres contra pobres, a la derecha, a la policía metropolitana o a los vecinos azuzados por el gobierno de la ciudad.
El método de la prescindencia, del lavado de manos, del ocultamiento de la policía para no causar muertes no le está dando resultado al gobierno. Los muertos llegan igual. Lo que no hace el estado, lo hacen los privados. Así pasó con Ferreyra, poco antes de la muerte de Néstor, así pasó ahora en Villa Soldati.
Es que la ley jurídica ha sido creada para evitar la ley de la selva, que abre la puerta a situaciones incontrolables. Ahora bien, si el gobierno abdica el cumplimiento de las leyes, si además desoye la palabra de los jueces, el caos está al alcance de la mano.
Para temas como éstos el gobierno nacional muestra una clara discapacidad. Cuando unas decenas de vecinos cortó un puente porque estaba disconforme con la instalación de la pastera Botnia, estuvimos 3 largos años incomunicados por esa vía con el Uruguay. Además, el presidente Kirchner transformó el problema en una lucha nacional y cooptó una de las dirigentes, Romina Picoloti, y la llevó al gabinete a cargo de los temas ambientales.
Ahora, decenas de familias en su mayoría de inmigrantes bolivianos y paraguayos ocupa ilegalmente un parque en Villa Soldati, y el gobierno nacional, que tuvo oportunidad de una labor preventiva y disuasiva, permite la ocupación en nombre de una política suprema consistente en que la policía no debe intervenir pues se trata de un problema de naturaleza política y social y no policial.
Ocurrida la ocupación, lo único que le preocupa al gobierno es cargar las culpas a Mauricio Macri, acusarlo de xenófobo y decir que todo esto es la consecuencia de promesas electorales incumplidas. O sea: la derecha no tiene en cuenta a los pobres, no les construye viviendas y, además, desprecia a los inmigrantes.
Un par de días después de iniciado el conflicto el resultado fue: cuatro muertos, enfrentamientos entre ocupantes pobres y vecinos pobres, creación de un Ministerio de Seguridad, desplazamiento del locuaz e ineficaz Aníbal Fernández del manejo de la Policía Federal y envío de la Gendarmería para controlar la zona.
El gobierno aparece más preocupado por el cuidado de su traje ideológico progresista que por la solución de los problemas ocasionados por la inmigración, la miseria, la falta de trabajo y el relajamiento en el cumplimiento de la ley. Esto puede verse en la nota de Verbisky en Página 12 donde el periodista oficialista trata de disimular el traspié del gobierno y alega que la Gendermería ha sido enviada para asegurar a los ocupantes la provisión de los elementos de primera necesidad hasta tanto Macri les provea una vivienda.
El respeto del orden jurídico, se pretende, es de “derecha”. Aparentemente el gobernador kirchnerista Gildo Insfrán no piensa igual, en su relación con los ocupantes de tierras en su jurisdicción. Tampoco el presidente brasilero Lula da Silva, que no tuvo problemas en copar con el Ejército las villas miserias ante la evidencia de la existencia de delitos de narcotráfico.
En el caso de Villa Soldati, mezcladas con las reivindicaciones de los inmigrantes que aspiran a una vivienda, existe también el comercio de droga y la presencia de otras formas de delito, tal como lo denunció –inopinadamente- Sergio Shocklender, hijo dilecto de Hebe de Bonafini y alguien insospechado de cualquier simpatía con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Incluso el Premio Nobel Pérez de Esquivel, que no se privó de acusar a Macri de xenófobo, no tuvo más remedio que instar al gobierno nacional a la utilización de las fuerzas de seguridad, ante la certeza de que los vecinos ya instalados estaban resistiendo por la fuerza el desembarco ilegal de los ocupantes del Parque Indoamericano.
Lo han señalado varios: es curioso que un gobierno que impulsa una fuerte intervención del estado, se ausente en el momento exacto en que la presencia del estado es reclamada para evitar consecuencias mucho más violentas y de consecuencias imprevisibles. Es que el gobierno, en este tema, es presa de un gran prejuicio ideológico que lo ata de manos y lo deja sin respuesta.
Intenta, eso sí, hacer aparecer su prescindencia como un gran mérito en materia de justicia y defensa de los derechos humanos. Pero la sangre corre de todos modos, si no por la acción del gobierno, por su omisión.
Asimismo, el echarle la culpa a Macri de toda la situación, no le ha salido demasiado bien al gobierno. En efecto, los vecinos de Villa Soldati –pudo verse en la televisión- veían en el jefe de gobierno porteño a alguien que los defendía y que estaba de su lado, pidiendo que el predio del Parque fuera abandonado por los ocupantes ilegales. Ellos también ven cómo el gobierno nacional, con su inoperancia, deja el problema planteado sin poder resolverlo. Se trata de vecinos también pobres, que han construido su vivienda con mucho esfuerzo, que muestran solidaridad con quienes aún no tienen su propia casa pero que de ningún modo quieren que frente a sus viviendas se instale una villa de emergencia en condiciones de precariedad completa, con todo lo que ello significa para la vida cotidiana de sus familias.
Cabe preguntarse también cuál es el criterio que el gobierno nacional tiene para decidir qué lugar es y qué lugar no es apto para ser ocupado ilegalmente.
¿Por qué en el Parque Indoamericano puede instalarse una villa de emergencia y no en la Plaza de Mayo o en la Recoleta?
¿Cuál es el criterio que les permite decidir por sí o por no en uno u otro lugar?
¿Por qué unos espacios públicos pueden ser ocupados y otros no?
¿Será porque en Villa Soldati los vecinos son pobres y, además, están lejos de la Casa Rosada?
También uno puede preguntarse cuánto tiempo estarán ahí los gendarmes si, como todo hace pensar, Macri no les provee una vivienda. ¿Puede esa situación prolongarse durante semanas y meses? ¿Y si a esta ocupación siguen otras y otras más?
Son preguntas ciertamente incómodas.