A esta receta la falta un ingrediente. Por Javier Marín

Confianza. La confianza es todo, o casi todo. Se pueden diseñar los planes más imaginativos, más audaces y lúcidos, pero no funcionarán si no existe una expectativa favorable. Y, más allá de las declaraciones altisonantes, diplomáticas o políticamente correctas que pudo enarbolar el empresariado nacional, los mercados reaccionaron con una tibieza rayana en la indiferencia. Es que la credibilidad es un ingrediente que no sólo se ha evaporado del país, sino que además es muy escaso, en la Argentina y en el mundo entero.

El "megaplan" anunciado por la Presidenta Cristina Fernandez ciertamente no carece de elementos positivos, algunos de ellos bastante atrevidos, como la invitación a la repatriación de capitales, pero en el actual contexto económico, es posible que nada de esto funcione si en un mediano plazo no se restaura cierta esperanza firme entre los actores de la economía, desde los empresarios hasta los mismos consumidores, también partícipes necesarios de la crisis.La realidad indica que el índice de confianza se viene desmoronando (con algunos leves repuntes) desde el conflicto del campo. Actualmente se sitúa 24 por ciento por debajo de la cifra correspondiente a noviembre de 2007, según el informe de noviembre de la Universidad Torcuato Di Tella. Hay muchas causas que explican esta suspicacia generalizada, pero el deterioro de las expectativas ha corrido parejo con la pérdida de imagen positiva del gobierno en general y de la Presidenta en particular. Algunos politólogos opinan que un mandatario que debe administrar un país con dos tercios de la población desaprobando su gestión, tiene pocas probabilidades de garantizar la gobernabilidad durante mucho tiempo.Bajo este nuevo paquete hay muchos elementos que parecen apuntar hacia el sostenimiento de la actividad económica, pero que en realidad tienen un objetivo netamente fiscal. Esta doblez no ha quedado claramente explícita en el discurso oficial. Además, las últimas decisiones del gobierno en materia económica ilustran que las reglas de juego en la Argentina están para ser cambiadas por el gobierno a su entera discreción. Y allí está la mayor debilidad del anuncio.Entonces, ¿hasta qué punto un empresario estará dispuesto a tomar un nuevo empleado, bajo el incentivo de una rebaja de los aportes patronales? Si no tiene mercado para sus bienes no tomará a nadie, así no deba pagar aportes. Incluso parece más razonable la medida de la CGT de impulsar indemnizaciones agravadas móviles según el índice de desempleo, puesto que esta herramienta resultaría más útil para dinamizar un mercado laboral en crecimiento y compensar en cierta medida a los trabajadores si inevitablemente pierden su empleo en un momento en que no hay oferta de trabajo. Al respecto, la última encuesta de indicadores laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación señala que la demanda de empleados de las empresas está en su punto más bajo desde 2003.Otra medida lanzada por el gobierno consiste en el jubileo tributario para aquellas empresas que "blanqueen" personal. Más allá de que todo este tipo de moratoria tiene un costado inequitativo para quienes siempre cumplieron con la ley, aquí la pregunta es, ¿qué empresario se animará a efectivizar a un empleado en "negro" si todas las señales de la economía indican que el 2009 será recesivo? ¿Acaso cuando apriete la crisis no volverán a cambiar las reglas de juego?Se anunció además la creación de un Ministerio de la Producción. Aunque ningún ministerio resuelve nada por su simple creación, ¿incluirá de una vez el gobierno dentro de la producción al sector agropecuario? ¿O continuará indefinidamente en penitencia por sus desacatos?También se impulsa la repatriación y declaración de capitales, que pagarán multas decrecientes, según el siguiente orden: simple declaración, ingreso efectivo de las divisas al país, compra de bonos y títulos del gobierno y actividad inmobiliaria y agropecuaria. En principio, el anuncio parece destinado a mejorar el financiamiento del gobierno y dinamizar la construcción. También puede ser una estupenda oportunidad para que algunos grandes inversores compren los campos de pequeños productores rurales, agobiados por la caída de los precios internacionales de los granos, la sequía y el nivel asfixiante de retenciones. Se especula que por esta vía podrían ingresar al país alrededor de 10.000 millones de dólares.Esta medida parece ser la más audaz de todas y genera controversias entre los economistas. Se estima que existen entre 80 y 100 mil millones de dólares de ahorros de argentinos que fueron girados al exterior. En 1992 se puso en marcha un blanqueo y los resultados fueron magros. Para el año 2000 sólo habían regresado unos 4.000 millones de dólares. Pero ahora, el mayor incentivo que tienen los argentinos para traer sus fondos del exterior no pasa tanto por las medidas locales sino por el contexto internacional. En cuanto la crisis financiera logre un piso de estabilidad ese incentivo se evaporará. Si la deslace internacional se profundiza, los fondos podrían venir incluso sin medidas de aliento.En general hay dos argumentos en contra de este tipo de blanqueos; por un lado, hay quienes alertan de que abre una ventana para el lavado de dinero ilegal, por lo que se necesita una estricta supervisión del destino de esos fondos. Otros indican cierta preocupación sobre el efecto distorsivo que podría generar sobre la economía semejante inyección de divisas. Esta última objeción queda ahora desvirtuada por el nuevo escenario económico recesivo. En el actual contexto, el ingreso de 10.000 millones de dólares podría tener un efecto contracíclico.Como frutilla de postre, el gobierno afirma que se coparticiparán los impuestos que se recauden por la vía del blanqueo. Es curioso, a las provincias se les quiere devolver por un lado lo que se les niega por otro (devolución del 15% de la coparticipación cedida a ANSeS, coparticipación del impuesto al cheque, devolución del recorte de la coparticipación destinado a financiar a la AFIP y aplicación de la garantía constitucional del piso coparticipable). Suponiendo que se blanquearan 10.000 millones de dólares, a Córdoba le tocarían de 30 a 40 millones de dólares en el mejor de los casos. Mientras tanto, este año Córdoba ha resignado recursos que deberían ser coparticipables por un monto superior a los 7.000 millones de pesos, una cifra inmensamente superior.