Largos años de maltrato y postergación logran, inexorablemente, un
resultado como el que tenemos a la vista: una insólita e inopinada rebelión.
Claro que para que esto finalmente ocurra debe añadírsele una gota que rebalse
la paciencia.
En este caso, una liquidación de sueldos que significó recortes
de hasta el 70%. Por eso, primero los miembros de la Prefectura Naval y luego
los integrantes de la Gendarmería, decidieron protestar y acuartelarse.
Posteriormente se sumaron también los suboficiales de la Armada.
A este gobierno no le gustan los uniformados. Ya lo sabemos. Ninguno de
ellos. Sean de las Fuerzas Armadas, o de la de seguridad. Es una secuela de los
años de plomo. Quien mejor expresa esta posición, sin adornos ni
dulcificaciones, es Hebe de Bonafini quien cotidianamente manifiesta su odio
hacia los uniformados de ayer y de hoy. Este sentimiento también forma parte de
la espesa salsa en la que se cocinó este conflicto.
Algunos detalles trascendidos sobre la firma del decreto presidencial
que desencadenó el paro, son reveladores. Al parecer, Sergio Berni, el número
dos del Ministerio de Seguridad ya había advertido que los descuentos (que ya
habían sido practicados a los marinos el mes anterior) causaron disgusto y
rechazo. Solamente un desdén muy profundo y una fría despreocupación hacia los
ingresos de la franja más baja y postergada de los responsables de la
seguridad, explican que, pese a todo, el decreto se haya firmado, partiendo por
la mitad sueldos ya exiguos e insuficientes.
Así, la presidenta firmó una rebaja salarial hacia los militares que se
habría cuidado muy bien de hacer respecto de cualquiera otra actividad. Ni los
empleados de comercio, ni los camioneros, ni los maestros hubieran aceptado que
sus sueldos sean liquidados de tal forma que supongan una reducción salarial.
Todos ellos habrían estallado en forma inmediata. La presidenta, que sabe mucho
sobre el poder y que no puede ignorar el modo en que reacciona alguien en un
caso como éste, de todos modos estampó su firma en el decreto. Ignoramos si se
encogió de hombros ante la advertencia que le formularon. O si pensó, por
ejemplo, “que se la aguanten”.
De tal modo, la firma presidencial no es un error.
No es un acto aleatorio.
Es el componente de una política completa y abarcadora hacia los que
visten uniforme. Tal como lo ha sido también la reivindicación pública y
oficial de los Montoneros, el grupo terrorista que asoló al país durante los
años sesenta y setenta y asesinó a muchos militares, además de gremialistas,
políticos e intelectuales.
La histeria del golpe de estado
Desatados los hechos, el gobierno no cesó en su política. Apareció el
inefable Juan Manuel Abal Medina deformando los reclamos salariales y culpando
del descalabro salarial a los propios jefes de Prefectura y Gendarmería, que
terminaron siendo desplazados como responsables.
Por supuesto que también el gobierno trata de aprovechar la situación
para, nuevamente, victimizarse e intentar crear el escenario y la sensación
popular acerca de que lo que está en marcha es un intento de golpe de estado.
Y, al hacerlo, profundiza el ridículo creado por su torpeza. La prensa oficial
en su conjunto se ha volcado a la agitación alarmista que remite a tiempos ya
sepultados. Un escritor, desde un diario identificado con el gobierno, compara
el paro de los gendarmes con… ¡los bombardeos a la Casa Rosada en junio de 1955
y con el asesinato del líder colombiano Jorge Eliécer Gaitán, ocurrido en 1948!
Es que la alusión a un intento golpista ha funcionado siempre como una
especie de chantaje político-emocional. En tren de comparaciones, quizá pueda
convenir traer a cuento los acontecimientos de Semana Santa, durante el
gobierno de Raúl Alfonsín, en 1987. En aquel tiempo eran los oficiales los que
se sublevaron en un movimiento que denominaron Dignidad, porque sus reclamos
apuntaban a restablecer un lugar para las Fuerzas Armadas en la sociedad, tras
los años de muerte y la Guerra de Malvinas. Ahora, la protesta no parece ser
tan ambiciosa ni extensa. Apenas se circunscribe a lo salarial pero seguramente
no permanecen ajenos al reclamo otros aspectos de la vida profesional de los
sublevados.
Tenemos la impresión que, al elevar la voz acerca de la presunta
connotación golpista de la queja uniformada, lejos de convocar a la solidaridad
y apoyo de la población, en las circunstancias actuales el gobierno solo logre
irritar aún más a quienes crecientemente se van distanciando de él. Un golpe
militar supone un escenario mucho más sobrecargado que el actual, exiguo en
salidas institucionales. Al jugar con esta posibilidad, el gobierno agrega
elementos grotescos a algo que, de salida, ha sido desencadenado por una
torpeza descomunal como es la reducción de los salarios de una parte de la
franja más baja de las fuerzas de seguridad.
La postergación de una solución al conflicto puede hacernos pensar que
el gobierno se siente cómodo en un escenario de presunto acoso militar en el
cual los gendarmes que ganan 4.000 pesos serían la punta de lanza de oscuras y
poderosas fuerzas económicas y mediáticas que resisten las profundas
transformaciones y la afectación de intereses por la política del gobierno.
La Historia no necesita de nuestro auxilio para presentársenos, una y
otra vez, como farsa. En ese punto, ella hace sola su trabajo.
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