lunes, 31 de marzo de 2014

Un baño de realismo. Por Gonzalo Neidal

El gobierno aumentó el gas en porcentajes que van del 100 al 284% y el agua recibió incrementos que oscilan entre el 170% y el 406%. Sin embargo, sostuvo que estos aumentos de precios no constituyen un “tarifazo”. Cabría preguntarse a partir de qué porcentaje un aumento de tarifas puede ser razonablemente calificado de ese modo.
Tanto cuidado puesto en la calificación de este furioso ajuste revela dónde está puesta la preocupación oficial: en el relato. Le interesan más los títulos de los diarios que el efecto real de las medidas en la economía. Le importa más el debate ideológico que el impacto efectivo de los aumentos. Ahí está puesto el principal empeño.

Los subsidios son un capítulo muy importante de la política social del gobierno. En ellos se van 130.000 millones de pesos al año, cifra descomunal que ahora se está intentando reducir. Como resultado de estos subsidios, el agua, el gas, la electricidad y el transporte llegaron a valores ridículos, especialmente en la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Subsidios regresivos
La política de subsidios, tal como se implementó, llevó a situaciones de inequidad y despilfarro que son señaladas desde hace años por economistas críticos al gobierno.
Por el gas se están pagando valores ridículos que estimularon su consumo y avanzaron sobre las reservas, al tal punto que hoy la producción nacional no alcanza para cubrir las necesidades internas y debe importarse una porción creciente en barcos que se pagan al contado a un valor que decuplica el precio interno en boca de pozo. Este subsidio ha sido perceptible en toda su extensión para los usuarios que están conectados a la red de gas natural, que son los de mayor poder adquisitivo relativo. El resto de la población, que consume gas envasado (garrafas y tubos), desembolsa hasta este aumento, cifras acentuadamente mayores para igualdad de consumo.
Con la energía sucede algo parecido pero el beneficio está circunscrito a la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Los consumidores de esa zona geográfica, (que incluye la Ciudad de Buenos Aires, de alto nivel de ingresos) pagan la energía que consumen a un valor que asciende a la quinta parte, o aún menos, de lo que abona el resto de los argentinos, incluidas las provincias más pobres. Las boletas de luz de la Capital Federal vienen con una leyenda que advierte al usuario la cifra que debería pagar para el caso de que residiera en Uruguay, Brasil o Córdoba. Las cifras son entre 5 y 8 veces el valor de su factura.
Por su localización geográfica (en el caso de la energía) y por el acceso a la red de gas natural (para el caso del gas), los subsidios han venido redistribuyendo el ingreso de un modo regresivo. Esto es algo que se quiso corregir cuando hace un par de años el gobierno llamó a renunciar al subsidio eléctrico, algo que sólo hicieron un puñado de funcionarios oficiales como un acto de gran sacrificio para demostrar su adhesión al proyecto oficial.
Subsidios y clientelismo
Estos subsidios al consumo, sumamente ineficaces e indiscriminados, han sido sostenidos en el tiempo contra toda lógica administrativa. Por su magnitud, constituyeron un despilfarro de recursos y es algo que debía corregirse tal como se lo hace ahora, con un tarifazo.
No hay que olvidar que esta política de subsidios contribuyó al desborde fiscal y, desde ahí, a la emisión monetaria y la inflación, quitándoles a los más pobres con una mano lo que se le daba con bombos y platillos con la otra.
Los subsidios son siempre la gran tentación de los gobiernos, sobre todo cuando se sienten con recursos suficientes para el despilfarro. Con el transporte urbano de pasajeros también sucedió algo parecido: mientras en el interior pagamos el boleto por encima de los 5 pesos, en la CABA, hasta hace pocos meses, su precio ascendía a $ 1.50 y luego se aumentó a $2.50, aún menos de la mitad de lo que se paga en el interior del país. Hay que recordar el escándalo que representó el aumento del subte de $1.00 a 2.50, realizado por Macri, y luego al precio actual, impugnado por la justicia.
Corrigiendo problemas
De tal modo, los aumentos anunciados ayer por los ministros Axel Kicillof y Julio De Vido resultan un reconocimiento tardío de que las críticas formuladas a este aspecto del programa económico, eran acertadas. Ahora resulta inevitable realizarlas porque el gobierno carece de fondos para continuar con el despilfarro que significan los subsidios indiscriminados.
Llegó la hora del ajuste. Lo importante es que no se note. Que nadie hable de “tarifazos”. Que todo pase sin mayores revuelos ni comentarios.
Después de todo, las nuevas facturas llegarán dentro de unos meses cuando ya se hayan cobrado los aumentos salariales que están discutiendo ahora empresarios y trabajadores en las paritarias.
El gobierno continúa haciendo lo contrario a lo que predica. Pero no explica por qué lo hace. En el caso de la devaluación, se alegó que fueron obligados a hacerlo. Y ahora… ¿también fueron obligados? En todo caso… ¿por quiénes?
La respuesta a estos interrogantes es más sencilla de lo que parece. Efectivamente, el gobierno ha sido obligado a realizar estas correcciones. Pero para encontrar a los culpables no hay que realizar ninguna investigación, ni escucha telefónica, ni cámara oculta. Lo que ha obligado al gobierno ha realizar estos ajustes han sido los desfases creados por su propia política económica.
Más tarde o más temprano llega la hora de la verdad.
Es cuando la mentira debe ser archivada.

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