¿Otra alianza contra Paraguay? Por Gonzalo Neidal

La destitución del presidente paraguayo ha movido el tablero político en América del Sur. Han llovido los pronunciamientos, las declaraciones, las manifestaciones de solidaridad y las adhesiones al ahora ex mandatario Fernando Lugo.
Varios de los gobiernos sudamericanos, algunos con más énfasis y otros con menos, han interpretado que lo que ocurrió en Paraguay es una suerte de golpe de estado encubierto en formas constitucionales pero que, en cualquier caso, supone una quiebra del orden democrático.

La posición más fervorosa contra el nuevo presidente paraguayo ha sido, hasta donde hemos podido leer por la prensa, la del gobierno argentino, que actuó con rapidez y energía retirando al embajador argentino en Asunción y formulando declaraciones inequívocas de carácter condenatorio hacia los cambios habidos en el hermano país.

Los hechos más relevantes del desenlace político en tierra guaraní son los siguientes:

a.      En el desalojo de una hacienda se desencadenó una inusitada violencia que terminó con la vida de 17 personas, contando campesinos y policías.

b.     La Cámara de Diputados pidió el juicio político del presidente Lugo con una votación de 76 a 1.

c.     La Cámara de Senadores, que es la que formaliza el Juicio, votó la destitución con números igualmente claros: 39 a 4.

d.     El propio Lugo reconoció que el mecanismo era constitucional y declaró que se sometía a él. Sus objeciones aludían a la celeridad del juicio que se le abría. Formuló otras consideraciones de índole política, alegando que los sectores conservadores del Paraguay se oponen a las transformaciones de fondo que él estaba promoviendo.

Todos los gobiernos sudamericanos reaccionaron objetando el mecanismo utilizado pero fue el gobierno argentino el que actuó con una energía mayor que la que demostró, incluso, el propio Lugo, que no podía obviar la pérdida de apoyo casi total por parte de los legisladores de ambas cámaras, que lo dejaron en una soledad completa.

Las declaraciones del canciller argentino, Héctor Timerman, son débiles en materia de argumentos para fundar la dura decisión argentina de retirar el embajador y solicitar duras sanciones al MERCOSUR. El canciller argentino aceptó incluso Lugo fue destituido “por un mecanismo contemplado en la Constitución” paraguaya. Su objeción se reduce a que el procedimiento fue excesivamente rápido, de ejecución sumaria.

 Incluso el PRO, emitió un comunicado condenatorio hacia las nuevas autoridades paraguayas, alegando que la decisión tomada contra Lugo “vulnera el espíritu de la democracia”. El propio gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, ya actuando como potencial aspirante presidencial, formuló una declaración que puede leerse en evidente clave local: condenó las “prácticas destituyentes”, algo que siempre preocupa a la presidenta pero que, además, encierra un mensaje para su vice gobernador que, con el aliento de la Casa Rosada, lo hostiliza cotidianamente.

Uno podría preguntarse si corresponde a los gobiernos sudamericanos juzgar la oportunidad, pertinencia y legalidad de un hecho político ocurrido en un país vecino en el cual funcionan las cámaras legislativas y la justicia en forma plena. Tanta presión política y probablemente económica realizada contra Paraguay por una decisión –equivocada o no- tomada por sus instituciones ¿no constituye una intervención en los asuntos internos de otro país? ¿O esto es malo y condenable únicamente cuando lo realiza Estados Unidos?

La sobreactuación argentina quizá tenga intenciones de política interna. La calificación de “destituyente” nació durante las movilizaciones del campo contra el gobierno, allá por 2008. Pero siempre es un fantasma que ronda algunas cabezas que habitan la Casa Rosada.

Habiéndose cumplido los pasos constitucionales contemplados en ley paraguaya, resulta un poco arbitraria e insustancial la condena a la celeridad del procedimiento. Es muy curioso también que algunos de los países que impulsan la integración plena de Cuba al concierto americano, planteen objeciones de procedimientos ante Paraguay cuando en ningún caso sientan que deben hacerlo respecto del país caribeño, donde la  democracia está muy lejos de reinar.

¿En qué consiste el principio de no intervención en los asuntos políticos de otros países sino en dejar que ellos resuelvan, conforme a sus leyes, sus propios problemas políticos?

¿Qué derecho tienen Argentina y Brasil para presionar e imponer sanciones a un país vecino y amigo, que resuelve sus asuntos internos conforme a sus leyes, con plena vigencia de sus instituciones democráticas?

Paraguay ya padeció la Triple Alianza.

Habría que dejarlo tranquilo.