La
destitución del presidente paraguayo ha movido el tablero político en América
del Sur. Han llovido los pronunciamientos, las declaraciones, las
manifestaciones de solidaridad y las adhesiones al ahora ex mandatario Fernando
Lugo.
Varios de los gobiernos sudamericanos, algunos con más énfasis y otros
con menos, han interpretado que lo que ocurrió en Paraguay es una suerte de
golpe de estado encubierto en formas constitucionales pero que, en cualquier
caso, supone una quiebra del orden democrático.
domingo, 24 de junio de 2012
¿Otra alianza contra Paraguay? Por Gonzalo Neidal
La
posición más fervorosa contra el nuevo presidente paraguayo ha sido, hasta
donde hemos podido leer por la prensa, la del gobierno argentino, que actuó con
rapidez y energía retirando al embajador argentino en Asunción y formulando
declaraciones inequívocas de carácter condenatorio hacia los cambios habidos en
el hermano país.
Los
hechos más relevantes del desenlace político en tierra guaraní son los
siguientes:
a. En el desalojo de una hacienda se desencadenó una
inusitada violencia que terminó con la vida de 17 personas, contando campesinos
y policías.
b. La Cámara de Diputados pidió el juicio político del
presidente Lugo con una votación de 76 a 1.
c. La Cámara de Senadores, que es la que formaliza el
Juicio, votó la destitución con números igualmente claros: 39 a 4.
d. El propio Lugo reconoció que el mecanismo era
constitucional y declaró que se sometía a él. Sus objeciones aludían a la
celeridad del juicio que se le abría. Formuló otras consideraciones de índole
política, alegando que los sectores conservadores del Paraguay se oponen a las
transformaciones de fondo que él estaba promoviendo.
Todos
los gobiernos sudamericanos reaccionaron objetando el mecanismo utilizado pero
fue el gobierno argentino el que actuó con una energía mayor que la que demostró,
incluso, el propio Lugo, que no podía obviar la pérdida de apoyo casi total por
parte de los legisladores de ambas cámaras, que lo dejaron en una soledad
completa.
Las
declaraciones del canciller argentino, Héctor Timerman, son débiles en materia
de argumentos para fundar la dura decisión argentina de retirar el embajador y
solicitar duras sanciones al MERCOSUR. El canciller argentino aceptó incluso Lugo
fue destituido “por un mecanismo contemplado en la Constitución” paraguaya. Su
objeción se reduce a que el procedimiento fue excesivamente rápido, de ejecución
sumaria.
Incluso el PRO, emitió un comunicado
condenatorio hacia las nuevas autoridades paraguayas, alegando que la decisión
tomada contra Lugo “vulnera el espíritu de la democracia”. El propio gobernador
de Buenos Aires, Daniel Scioli, ya actuando como potencial aspirante presidencial,
formuló una declaración que puede leerse en evidente clave local: condenó las “prácticas
destituyentes”, algo que siempre preocupa a la presidenta pero que, además, encierra
un mensaje para su vice gobernador que, con el aliento de la Casa Rosada, lo hostiliza
cotidianamente.
Uno
podría preguntarse si corresponde a los gobiernos sudamericanos juzgar la
oportunidad, pertinencia y legalidad de un hecho político ocurrido en un país
vecino en el cual funcionan las cámaras legislativas y la justicia en forma
plena. Tanta presión política y probablemente económica realizada contra
Paraguay por una decisión –equivocada o no- tomada por sus instituciones ¿no
constituye una intervención en los asuntos internos de otro país? ¿O esto es
malo y condenable únicamente cuando lo realiza Estados Unidos?
La
sobreactuación argentina quizá tenga intenciones de política interna. La
calificación de “destituyente” nació durante las movilizaciones del campo
contra el gobierno, allá por 2008. Pero siempre es un fantasma que ronda
algunas cabezas que habitan la Casa Rosada.
Habiéndose
cumplido los pasos constitucionales contemplados en ley paraguaya, resulta un
poco arbitraria e insustancial la condena a la celeridad del procedimiento. Es
muy curioso también que algunos de los países que impulsan la integración plena
de Cuba al concierto americano, planteen objeciones de procedimientos ante
Paraguay cuando en ningún caso sientan que deben hacerlo respecto del país
caribeño, donde la democracia está muy
lejos de reinar.
¿En
qué consiste el principio de no intervención en los asuntos políticos de otros
países sino en dejar que ellos resuelvan, conforme a sus leyes, sus propios
problemas políticos?
¿Qué
derecho tienen Argentina y Brasil para presionar e imponer sanciones a un país
vecino y amigo, que resuelve sus asuntos internos conforme a sus leyes, con
plena vigencia de sus instituciones democráticas?
Paraguay
ya padeció la Triple Alianza.
Habría
que dejarlo tranquilo.
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