domingo, 15 de enero de 2012

Funcionarios versus mercados. Por Gonzalo Neidal

El gobierno acaba de decidir que a partir del mes próximo las importaciones deben ser autorizadas. Nadie podrá realizar ninguna compra al exterior si previamente no la solicitó a la AFIP y si ésta no la autorizó.

La medida obedece a que, ante las dificultades económicas crecientes, el gobierno necesita administrar cuidadosamente las divisas y por eso quiere autorizar una por una las órdenes de importación, en la creencia que así solucionará el problema.
No se trata, claro está, de una estrategia de industrialización de largo plazo mediante la cual se intente orientar las importaciones a fines de sustituirlas crecientemente por producción nacional. No. Estamos en presencia de algo mucho más rústico y pedestre, dictado por el temor a llegar a una situación de escasez crítica de divisas.
La filosofía económica imperante considera que el mercado es uno de los grandes males del capitalismo y que puede ser sustituido por una oficina donde un puñado de burócratas decida a conciencia, qué es lo que conviene importar y qué es lo que podemos prescindir de comprar en el exterior.
En distintos momentos de la historia económica del país se han intentado soluciones similares y siempre terminaron en un rotundo fracaso, como todos los controles de variables sensibles de la economía: tipo de cambio, precios, etcétera.
En este caso, no estamos hablando únicamente de bienes de consumo sino también de insumos para la industria y de maquinarias para la producción. Al obligar a una autorización previa, el gobierno se apodera de una formidable herramienta de apriete hacia los empresarios pues pone a las empresas a merced de la voluntad, los caprichos y los humores de los burócratas. Además, este tipo de medidas es en los hechos una fuente monumental de corrupción: la continuidad de la producción de cualquier empresa que necesite insumos importados comenzará a depender de la firma de un formulario por parte de un funcionario y eso siempre significa un juego de negaciones e incentivos que todos sabemos bien cómo funciona.
Una demora en una autorización puede derivar en un alto costo para cualquier empresa. Siempre es probable que una empresa amiga del gobierno (o del funcionario de turno) reciba un trato preferencial respecto de otra que no goza de ese beneficio.
Vamos rumbo a un robustecimiento colosal de la arbitrariedad, una potenciación de la discrecionalidad. En esa situación no resulta tan importante ser eficiente como tener bien aceitados los mecanismos de favores con el gobierno o con los funcionarios con poder de firma.
Si esto se concreta, constituye un gran paso atrás para la producción y, muy especialmente, para la industria. Los empresarios de cualquier rubro deberán ahora preocuparse, en primer lugar, por lograr que sus órdenes de compras en el exterior sean autorizadas, que los formularios recorran todas las oficinas y que se logren las firmas necesarias para que finalmente los insumos que necesitan sean autorizados.
Todos sabemos que los mercados tienen fallas. Pero reemplazarlos con funcionarios puede abrirnos una puerta al desastre.


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