La crisis de la deuda europea está despojando al continente de sus tan preciados derechos laborales, a medida que los países en problemas cercenan los históricos derechos y privilegios de los trabajadores, en un intento de sanear y encarrillar sus economías.
El gobierno de Portugal aprobó el miércoles pasado nuevas regulaciones que recortan las vacaciones de los trabajadores por lo menos seis días y que introducen leyes al estilo norteamericano que facilitan y abaratan los despidos de personal. Ese mismo día, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, les dijo a los sindicatos de su país que quería ayudar a las empresas con reducciones en los beneficios médicos y jubilatorios que tienen que pagar los empresarios.
En Italia, las actividades protegidas, que van desde las que realizan los escribanos públicos hasta el alquiler de sombrillas en la playa, ya se preparan para el fin de su acomodada situación. Los griegos conviven con el espectro de un recorte de los sueldos de las empresas privadas ordenado por el gobierno, algo que hasta hace poco era impensable. España, que tiene el índice de desempleo más alto de Europa, se prepara para permitir que a los trabajadores se les asignen responsabilidades inimaginables cuando fueron contratados.
Vista desde Estados Unidos o Asia, Europa siempre ha parecido un paraíso laboral, con largas vacaciones y generosas beneficios, como las horas libres para el cuidado de los hijos. Esos cuantiosos beneficios han inspirado tanto envidia como burla.
En medio de una crisis que azota el continente desde hace más de dos años, sin embargo, los países de Europa que no logran ponerse en pie ya no pueden hacer frente a algunos de esos beneficios laborales y sociales. Y para algunos gobiernos, la flexibilización del mercado laboral dispararía un crecimiento de largo plazo.
La frase de moda es "reforma estructural", el eufemismo para definir una remodelación de las costumbres de los trabajadores en una de las regiones más ricas del mundo.
Los analistas argumentan que las trabas a los despidos y a la reasignación de tareas ahogan el crecimiento y amenazan con dejar a los jóvenes sin trabajo. La tasa de desempleo de los jóvenes españoles, por ejemplo, alcanza un alarmante 45%. "Indudablemente, algunas de las reformas al mercado laboral que están aplicando algunos países de la UE llegan demasiado tarde", dijo Simon Tilford, del Centro para la Reforma Europea. "Si uno no puede reasignar las tareas del personal ni despedirlo, se hace todavía más costoso adaptarse a las nuevas tecnologías, así que las reformas tienen muchos argumentos a favor."
A medida que la reforma comience a implementarse, algunos observadores predicen que los políticos e incluso la UE serán blanco de la reacción de los trabajadores, que empezarán a recibir salarios más bajos, tendrán menos tiempo libre, menos estabilidad laboral y menores beneficios, a lo que hay sumar la suba de impuestos, punta de lanza del programa de austeridad europeo.
Los signos de resistencia al cambio ya comienzan a sentirse en la fuertemente endeudada Italia, cuya economía tuvo un crecimiento negativo en el cuarto trimestre de 2011 y se prevé que siga cayendo durante el primer trimestre de este año. El gobierno de Mario Monti ya anunció reformas para despojar al sistema italiano de los privilegios de los que gozan diversas categorías de trabajadores de numerosos sectores.
Francia también se está viendo forzada a meter mano en sus tan renombrados derechos laborales. Sarkozy dijo que los costos laborales en Francia treparon un 20% entre 2000 y 2009, comparado con el 7% de Alemania. El presidente francés dijo que el costo relativo que enfrentan los empleadores por un trabajador que gana 2500 euros mensuales netos era dos veces más alto en Francia que en Alemania, que hace años introdujo una reforma a fondo para garantizar el control salarial.
Tras su victoria en España, Mariano Rajoy tiene cierto margen para intentar reflotar la alicaída economía española. Es probable que el mandatario pase a la acción hacia fines de este mes, después de que los sindicatos y los empresarios no lograron ponerse de acuerdo antes de la fecha límite de principios de enero, impuesta por el mandatario.
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