lunes, 26 de noviembre de 2012

El día que descubrimos que Griesa no es Oyarbide. Por Gonzalo Neidal

Por su contundencia paradojal, la sentencia anónima “para discutir, es preciso estar de acuerdo” merecería pertenecer a Oscar Wilde. Como sea, pocas veces puede resultar tan apropiada como en el debate instalado a raíz del fallo del Juez de Nueva York Thomas Griesa.

Aunque pueda resultar asaz indigestos, hemos repasado los argumentos de los periodistas, intelectuales, economistas y políticos afines al gobierno para tratar de comprender a fondo sus puntos de vista sobre esta cuestión. Y nos hemos encontrado con explicaciones sorprendentes que resultan muy difíciles de refutar pues se encuentran en un universo de ideas que nos resulta completamente ajeno y, en consecuencia, inasible.
Digamos que las líneas argumentales decisivas transitan por el estrecho carril subjetivista y conspirativo aunque con algunos matices interesantes. Primero, se ha trazado una línea entre los que están del lado argentino y los que, por formular críticas a la estrategia del gobierno nacional, podrían ser señalados como auténticos traidores a la patria pues, en una circunstancia de conflicto entre el país y un tribunal norteamericano, encuentran razones a éste o bien cuestionan el comportamiento del gobierno.
Se trata, obviamente, de una suerte de chantaje emocional pero que no le ha resultado poco eficaz. Varios economistas y políticos que cuestionan habitualmente las torpezas del gobierno, han silenciado su crítica pues entienden que, en esta circunstancia, defender al país está por encima de cualquier otra consideración. Estos políticos (Prat Gay, Redrado, Alfonsín, Solá) son rescatados por la prensa oficialista y, al revés, los que dicen que hay que pagar (caso de Binner), son duramente cuestionados.
Es cuanto menos curioso que un gobierno que considera la Guerra de Malvinas como un episodio demencial y, en conseucuencia, indigno de apoyo popular, ahora reclame, en circunstancias menos dramáticas, solidaridad en respaldo de sus políticas erróneas, y que lo haga en nombre de la Patria.

Griesa y Oyarbide
Como todos sabemos, la singularidad del fallo del juez Griesa consiste en condenar a la Argentina a pagar los montos originales de sus bonos a los tenedores minoritarios que no aceptaron entrar en el canje de la deuda (con quita aproximada al 70%) que se implementó en 2005. Esos titulares de bonos luego vendieron a fondos especulativos (denominados “buitres”) los títulos y son éstos los que iniciaron juicio contra Argentina. El fallo de Griesa no está todavía firme pero las instancias que siguen podrían confirmarlo y, de ese modo, complicar más a Argentina.
El gobierno tuvo varias ocasiones para arreglar con ese pequeño porcentaje de bonistas que no aceptó el canje original. Pudo hacerlo incluso a un valor con la misma quita que hizo a la mayoría de los bonistas (el problema de la ley nacional que lo impide podría haberse salvado fácilmente). Pero eligió no hacerlo, optó por un discurso duro, desafiante y provocador. Y ahora cosecha los resultados.
Resulta ilustrativo el argumento de un periodista oficialista: “El juez federal de Nueva York rompe todas las reglas, desoye los reclamos de Argentina tanto como los de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Acreedores institucionales (carne de Wall Street, digamos) se suman. El argumento compartido es que acceder al reclamo de los fondos buitre genera un riesgo sistémico de imprevisibles, pero seguro tremendas, consecuencias. Impacto eventual en canjes futuros, algunos inminentes en el corazón del Primer Mundo”.
Dice el periodista que Griesa “rompe todas las reglas”. ¿Y cuáles son esas reglas? A continuación las describe: desobedece a la Reserva Federal (de NY, no de los EEUU) y de otros acreedores. El autor piensa que constituye una “regla” hacer caso a las recomendaciones de la Reserva Federal y de Wall Street. Imputa a Griesa no escuchar tales reclamos y consejos. Al periodista ni se le ocurre pensar que Griesa actúe de manera independiente, con su propio criterio, interpretando la ley a su manera y sin tener en cuenta los intereses que hiere ni las recomendaciones de importantes y poderosas instituciones de los Estados Unidos, como lo son la Reserva Federal de NY y el mercado bursátil.

La idea de que la Justicia debe fallar conforme a los intereses circunstanciales de la política y del poder, al estilo Oyarbide, parece no tener mucho arraigo en los Estados Unidos, a juzgar por este fallo. En la Argentina, los partidarios del gobierno no conciben la idea de una Justicia independiente, que pueda molestar con sus fallos al poder político.

Nuevas circunstancias
Lo cierto es que cuando Argentina adoptó la resolución de repudiar su deuda y pagar sólo una pequeña parte de ella, los presidentes que completaron esta medida (desde Adolfo Rodríguez Sáa hasta Néstor Kirchner) fueron considerados patriotas pues hicieron ahorrar al país muchos millones de dólares al no pagar deudas contraídas por gobiernos constitucionales.
Siempre que alguien no honra su deuda, tiene consecuencias. Una de ellas ha sido tener que prescindir del mercado internacional de capitales. Apenas Venezuela nos compró algunos títulos de deuda y con condiciones usurarias y lesivas para el manido interés nacional. Comenzamos a “vivir con lo nuestro”, conforme a la liviana teoría en boga. Al gastar por encima de los robustos recursos que nos proporcionan las exportaciones agrarias, el gobierno comenzó a gastar reservas y a emitir, produciendo la inflación que hoy nos complica.
En medio de todo ello, dimos claras señales de un comportamiento poco amigable hacia los inversores extranjeros: no acatamos los fallos del CIADI, no le pagamos al Club de París pese a que el gobierno lo prometió varias veces en cadena nacional, expropiamos a YPF sin pago alguno y sin negociación.
¿En qué cabeza cabe que todo esto pueda hacerse sin costo alguno para el país? ¿A quién se le ocurre pensar que este desdén por la legalidad no iba a traernos algún tipo de consecuencias? ¿Somos razonables al quejarnos de esta circunstancia previsible que hoy nos toca vivir?
Las actitudes del gobierno nos hacen pensar que considera estos modales de adolescencia combativa, de infantil rechazo a las normas internacionales, como un componente esencial de su modo de entender la política, dotándola de un carácter presuntamente heroico y patriótico.
Juzgaremos por sus resultados.



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