En
el rediseño de su imagen con fines nacionales, el gobernador de Córdoba José
Manuel de la Sota se va encontrando con algunos temas políticos e ideológicos
que le van demandando precisión en las definiciones e incluso cierta cuota de
deliberada ambigüedad.
Uno
de estos puntos es el de los derechos humanos.
Como
se sabe, esta región de la política ha tomado mucha significación durante los
años de kirchnerismo. Toda la política de los años de Alfonsín y Menem fue
revisada y anulada. Desaparecieron leyes que habían circunscrito las sanciones
a los altos mandos, se obvió el tradicional criterio de “cosa juzgada” y se
sumaron centenares de juicios y condenas. Esta política fue la clave, el punto
central, del estrecho vínculo entre los Kirchner y el mundo del progresismo y
la izquierda argentina.
La
versión oficial sobre este tema supone la existencia, en aquellos años, de unas
Fuerzas Armadas dedicadas a asesinar a jóvenes idealistas empeñados en liberar
a la Patria de la opresión externa e interna e injustamente reprimidos en razón
de la noble causa por la que luchaban.
Que
sepamos, el gobernador de Córdoba nunca suscribió este punto de vista acerca de
aquellos años dramáticos y sangrientos. Siempre mantuvo una distancia prudente
de esa visión complaciente y renga, que exime a la guerrilla de toda
responsabilidad en el desencadenamiento de la violencia de uno y otro lado.
Para
tener una medida de cuánto ha cambiado la historia oficial sobre este punto,
basta apenas con leer el primer párrafo del famoso informe Nunca Más, elaborado
por una comisión de notables encabezada por Ernesto Sábato. Dice así: “Durante
la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía
tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha
ocurrido en muchos otros países”. Hoy por hoy, este enfoque es considerado como una exposición
clara de la “teoría de los dos demonios”, condenada por los grupos defensores
de los derechos humanos.
El informe Nunca Más, además de relatar
centenares de casos horrorosos de represión, ponía su énfasis en la ilegalidad
en que estuvo inmersa la represión. Comparaba el caso argentino, por ejemplo,
con el de Italia y las Brigadas Rojas, que fueron desarticuladas dentro de la
ley. Como sea, el enfoque vigente hoy para este tema es el que ha impuesto el
gobierno kirchnerista y, con llamativa pasividad, parece haber tomado como
propio el gobierno de Córdoba. Esta adscripción ha sido instalada con mayor
énfasis durante el gobierno de Juan Schiaretti, que ha sido siempre más
proclive a coincidir con la visión K sobre los DDHH. Pero en los últimos
tiempos, quizá por omisión, esta versión ha sobrevivido hasta llegar a
situaciones que son complicadas de explicar.
La ambigüedad del gobernador cuenta con algunos
capítulos destacados. Primero fue su famosa frase de 2004 referida a que si las
madres hubiesen cuidado mejor a sus hijos, éstos no hubiesen sido víctimas de
la represión. Esta expresión, obviamente, no cayó simpática en los organismos
de derechos humanos, que siempre mantuvieron una distancia prudente de De la
Sota. Varios años después, hace pocos meses, sorpresivamente el gobernador
presentó el boleto educativo gratuito como un homenaje a los jóvenes caídos en
el episodio represivo conocido como La
noche de los lápices, lo que fue tomado como un gesto oportunista por parte
de la dirigencia de DDHH.
Sin embargo, el mes pasado, al cumplirse un nuevo
aniversario del asesinato de José Rucci por parte de Montoneros, el gobernador
participó del acto central recordatorio, cuya significación no es de la
simpatía del mundo de los derechos humanos. Posteriormente, en el acto
conmemorativo del 17 de Octubre en el Parque Sarmiento, en la cabecera del
palco había una gran foto de Rucci cuyo crimen es reivindicado sin
arrepentimiento por quienes nutren la militancia derechohumanista.
Santucho y el presupuesto
Hace pocos días, este cronista caminaba por el
pasaje Santa Catalina, que separa la Catedral del Cabildo, donde tiene su sede
el Museo de la Memoria. Colgaban a lo ancho de la callejuela las fotos de
hombres y mujeres, en su mayoría desconocidos, que fueron víctimas de la
represión en los años setenta. Entre ellas flameaba una imagen significativa. E
inesperada. La foto pertenecía a Roberto Santucho, líder del ERP (Ejército
Revolucionario del Pueblo), muerto en un enfrentamiento con el Ejército
Argentino en Villa Soldati en 1976.
La anécdota puede parecer nimia pero es asaz
reveladora acerca de la visión que predomina en la política oficial de Derechos
Humanos incluso en Córdoba, que se sostiene con dinero de los cordobeses. ¿Está
bien que el gobierno aporte dinero para que la imagen del guerrillero Santucho
flamee sobre nuestras cabezas como si se tratara de un héroe, un patriota o un
luchador de nobles causas? ¿En manos de quién está la política de Derechos
Humanos de Córdoba? ¿Del gobierno o de los grupos afines a los guerrilleros de
aquellos años? ¿Es esta la visión de De la Sota sobre el tema o es de una herencia
que debe ser corregida?
Se trata de un tema ciertamente incómodo. Existe
una suerte de chantaje ideológico según el cual quien no suscribe la visión
oficial instalada, es cómplice de la represión militar y enemigo de los
derechos humanos.
Como sea, resulta cuanto menos discutible que el
gobierno de Córdoba gaste parte de su presupuesto en el sostenimiento, difusión
y afianzamiento de una versión distorsionada de la historia de aquellos años
trágicos.
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