Apenas
el gobierno de Ramón Mestre comenzó a insinuar su intención de privatizar la
empresa de transporte urbano municipal TAMSE, sus empleados se han declarado en
rebeldía y han comenzado a tomar diversas medidas de fuerza.
Una
de ellas ha sido un llamado “paro a la japonesa”, consistente en no cobrar
boleto a los pasajeros. Por lo que tenemos entendido, la modalidad oriental de
paro consiste en trabajar más de lo normal y no menos, como en este caso, que
además agrega daño material al estado-empleador. De todos modos, es revelador
este método de lucha pues muestra la despreocupación de los empleados de la
TAMSE por los recursos del estado, que es quien debe pagarle los sueldos a fin
de mes. Cobrar a los pasajeros o no cobrarle les da igual pues, de todos modos,
a fin de mes el conjunto de los cordobeses a través de las tasas y
contribuciones aseguramos que cada uno de estos heroicos choferes tengan
acreditados sus sueldos a fin de mes.
Es
impropio que los choferes quieran imponer a las autoridades municipales, que
representan al pueblo de la ciudad de Córdoba, una determinada política de
transporte. Si ellos piensan que es más conveniente para esta ciudad un sistema
estatal de transporte, lo que deben hacer es formar un partido político y
presentarse a elecciones con ese programa: transporte estatal para todos y
todas. Y si triunfan entonces podrán ellos, legítimamente, desarrollar sus
ideas sobre cómo debe ser el transporte de la ciudad. Mientras tanto es el
intendente surgido por el voto popular el que decide qué se hace en este
terreno. Así funciona este sistema que se llama democracia.
Ahora
bien, uno tiene todo el derecho a preguntarse cuál es el origen de esta intensa
vocación de los trabajadores de la TAMSE por el transporte público. ¿Por qué
esta preferencia de trabajar para una empresa estatal? ¿Acaso les aterra la
posibilidad de desempeñarse en una empresa privada de transporte?
Veamos.
Aunque no existe ningún motivo teórico o conceptual por el cual una empresa
pública deba ser necesariamente menos eficiente que una privada, en los hechos
esto es lo que ocurre exactamente. Sucede que los gobernantes no suelen cuidar
los fondos públicos como cuidan sus recursos personales. Es dinero ajeno, por
lo tanto, muchas veces se sienten inclinados a hacer favores políticos con la
plata del pueblo. En el caso del transporte, la empresa estatal no cumple con
los parámetros elementales de eficiencia de las que están administradas por los
privados. Poseen mayor cantidad de personal que el que necesitan, pues la
diferencia la paga el estado, o sea los cordobeses. Además, abundan las
carpetas médicas y el régimen de trabajo suele ser mucho más relajado en el
estado que en la empresa privada. Gozan también de estabilidad laboral con lo
cual, hagan lo que hagan, trabajen con la dedicación y con la eficiencia que lo
hagan, tienen asegurada la continuidad en sus puestos de trabajo, amparada
además por el SUOEM, siempre dispuesto a defender estas ventajas laborales.
Por
todo ello, resulta muy razonable que los empleados de la TAMSE no deseen
cambiar sus condiciones de trabajo, sumamente ventajosas a costa del erario
público.
El
problema es saber qué le conviene a los cordobeses, qué sistema contribuye más
a la prestación de un servicio de transporte más eficiente. Decidir, en
definitiva, si la ciudad está dispuesta a pagar los privilegios de una empresa
de transporte que tiene más empleados que los que necesita. Una empresa que
tampoco puede imponer pautas mínimas de disciplina laboral –vigentes en
cualquier empresa de cualquier país- en razón de que su condición de empresa
estatal la condiciona fuertemente en tal sentido.
La
clase política no es ajena a este problema. Cada gobierno mira para otro lado
cuando tiene que solucionar un tema espinoso como éste. Prefiere mostrarse
acongojada y sensible hacia “los compañeros trabajadores” y meter mano al
bolsillo del resto de los cordobeses con tal de no entrar en la faena trabajosa
de discutir y enfrentar el problema.
A
esta situación se llegó por errores cometidos dos o tres intendencias atrás,
con estímulo de quien gobernaba la provincia en ese momento. En buena hora que
haya aparecido un intendente dispuesto a enfrentar el tema.
Estamos
seguros que no la tendrá fácil. Esperemos que, aún en esa situación, no desista
de hacer lo que se debe hacer para bien de la ciudad.
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