lunes, 25 de febrero de 2013
Sindicatos e inflación. Por Gonzalo Neidal
Ardua
tarea la de revistar, en este momento, como sindicalista amigo del gobierno.
Es
que cualquier pedido de aumento salarial le resulta odioso al gobierno en este
momento. Lo complica. Le crea problemas. Pero, por otra parte, éste es “el
gobierno del pueblo” y, además, los trabajadores son (o deberían ser), su
columna vertebral, según reza la antigua sentencia justicialista.
Pero
sucede que estamos en pleno proceso inflacionario, con una economía en
creciente parálisis. Estanflación le llaman los economistas: estancamiento +
inflación.
Los
sindicalistas no pueden sino buscar la mayor compensación salarial posible para
la inflación que existe. Alegan que se trata, apenas, de una reparación por los
ingresos perdidos el año anterior. Y tienen razón. Piensan, claro, que la
verdadera inflación no es la que dice el gobierno a través del INDEC sino la
que publican diversas entidades y consultoras privadas: algún número incierto
en el tramo que va del 25 al 30%. Una cifra que, según lo que la presidenta
dijo en Harvard, llevaría al país a una explosión.
Pero
lo cierto es que, para casi todo el mundo, es ése y ningún otro el número de la
inflación. Incluso lo es para los dirigentes gremiales amigos del gobierno. Por
eso, el reclamo no puede bajar de un porcentaje vecino a esos guarismos.
El
gobierno, tan fervoroso en sus convicciones, debería mandar al enérgico
Guillermo Moreno para que le explique a Antonio Caló que el índice de inflación
verdadero es ése con el que cada mes nos fatiga el INDEC. O que le imponga un
acuerdo de congelamiento como hizo con los supermercados.
Pero
las cosas no parecen tan sencillas. Estamos en un año electoral, un año en el
que es preciso elevar el gasto público, aumentar los subsidios, las jubilaciones
y también los salarios de convenio. Es claro que una política como ésta
significará echar baldes de nafta a la hoguera inflacionaria. Pero el gobierno
no tiene más remedio que hacerlo. Así podrá presentarse como defensor de los
ingresos de los trabajadores y de los postergados. De todos modos, si la
inflación aumenta y hace padecer a los presuntos beneficiarios de los aumentos,
siempre estará a tiempo de explicar, por cadena nacional, que la suba de
precios se debe a la avidez de los empresarios, a sus ansias de ganar cada vez
más a costa de los pobres.
Cuando
asumió en la CGT oficialista, Caló dijo que defenderá el modelo. Pero el modelo
contiene una inflación que carcome los salarios y que paraliza la economía. Y,
además, el programa pide a gritos que los sueldos no aumenten demasiado porque
eso tiene un efecto devastador sobre el nivel de precios.
En
otras palabras: el gobierno quiere a Caló como amigo y espera de él un
comportamiento atinado: que convenza a los sindicalistas que integran su CGT que
moderen sus reclamos, que no vayan más allá del 20%. Pero Caló sabe que si hace
eso su liderazgo corre peligro. Sabe que esa cifra no se ajusta a la realidad
de la inflación pasada ni futura. Sabe, además, que Hugo Moyano, Luis
Barrionuevo y los integrantes de la CTA pedirán aumentos cercanos al 30%.
Pero
hay más problemas: los sueldos de los empleados públicos. El gobierno nacional,
ya se sabe, no tiene ningún problema en emitir y luego echar la culpa de la
inflación a “la puja distributiva”. Pero las provincias no cuentan con ese
beneficio. Ellos se deben limitar a gastar lo que recaudan en concepto de
impuestos. O bien, recurrir al endeudamiento. Están complicados. Varios de los
gobernadores pensarán en emitir bonos provinciales.
Para
colmo de males, en cada provincia hay gremios afines al gobierno nacional. Y
éstos son utilizados como un ariete para horadar las fuerzas de los gobiernos
locales, si eso fuera necesario. Es el caso de Córdoba con el gremio docente,
bravío defensor del modelo nacional, que supo obviar con valentía aquella
acusación de Cristina acerca de que sólo trabajan 4 horas por día y tienen tres
meses de licencia anual.
En
otras palabras: se vienen meses movidos.
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