La verdadera situación energética que encontrará el nuevo gobierno. Declaración de 8 ex secretarios de hacienda

Argentina presenta en su sector energético un conjunto de problemas graves. Estos problemas -que acompañarán la gestión del nuevo presidente que asuma en diciembre de 2011- deben ser conocidos por la ciudadanía que tendrá que jugar un rol activo en la solución de los mismos; y también por las fuerzas políticas que tengan representación parlamentaria porque ellas son las que deberán sancionar las leyes que fijarán los marcos institucionales con los cuales el sector deberá reformarse en forma profunda, así como también ejercer la función de auditoría y aprobación de planes estratégicos de largo plazo.



1.-EL SECTOR ENERGÉTICO EN 2011
El sector energético argentino enfrenta problemas graves que es de imperiosa necesidad corregir porque de lo contrario el funcionamiento económico y social se hará insostenible.
Ellos son:
1) La caída productiva crónica de nuestros yacimientos de hidrocarburos que se produce desde 1998 en petróleo y desde 2004 en gas natural.
2) La pérdida -reciente e irreversible en el corto y mediano plazo- del Autoabastecimiento Energético que nos hace un país energéticamente dependiente en forma creciente.
3) La necesidad de generar divisas para las importaciones de energía que aumentarán fuertemente en cantidad y precio.
4) El déficit presupuestario generado por los subsidios energéticos que crece año a año, y de no corregirse, se hará insostenible para las finanzas públicas.
5) La improvisación y la falta de transparencia en la ejecución de obra pública mediante el direccionamiento de los fondos públicos (Banco Nación y ANSES) a determinadas empresas que se convirtieron en las principales contratistas del sector que lleva al sobre costo y a la corrupción en gran escala.
6) La vulnerabilidad de las instalaciones energéticas frente a las acciones de los particulares que redundan en cortes del suministro y en disminuciones de la producción energética ante la pasividad de las autoridades.
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7) El impacto del déficit económico energético como disuasivo de nuevas inversiones productivas esenciales para sostener el nivel de actividad económica.
Estos problemas se verifican en un contexto de: 1) Demanda interna energética en crecimiento sostenido; 2) fuerte dependencia de la matriz energética argentina de los hidrocarburos ( el 88 % de toda la energía primaria que consumimos es petróleo y gas natural); 3) disminución alarmante de las reservas de hidrocarburos en los últimos 8 años que implican una pérdida de capital fijo que a valor de reposición supera los 100.000 millones de U$s; 4) Disminución en la inversión exploratoria de riesgo a niveles menores al 50 % a las realizadas en décadas anteriores; 5) Inversiones públicas y privadas insuficientes para abastecer la demanda energética en todos los rubros; 6) Tarifas congeladas que subsidian el consumo de toda la población en vez de focalizarse solo en la población careciente.
2.-LOS PROBLEMAS NO SON INDEPENDIENTES,
ESTÁN RELACIONADOS ENTRE SÍ
Los fenómenos descritos están interrelacionados; ello es algo que podría pasar desapercibido para el lego, pero no para el observador atento, ni para especialista ni para el estadista que, comprometido con el futuro, asuma la necesidad de resolver esta cuestión en forma definitiva.
No debe haber en esto posiciones dogmáticas; si el país quiere progresar deberá hacerlo sobre la base de un sistema energético eficiente y confiable; y esto se logrará solo si hay una cabal comprensión de los problemas por parte de la ciudadanía y sus dirigentes y una Política de Estado permanente acordada para implementarlo.
Los problemas que se han enumerado deben ser resueltos por dos razones fundamentales; en primer lugar es necesario crear las condiciones para que el sector energético sea autosuficiente y atraiga hacia sí una corriente inversora que amplíe la oferta de forma que esta satisfaga en forma armónica a la demanda en constante aumento.
En segundo lugar, nuestro país con grandes demandas sociales básicas insatisfechas no debería dilapidar recursos públicos en subvencionar el sistema energético; y menos a sectores de la sociedad que no lo necesitan.
El Estado es responsable de elaborar buenos Planes Estratégicos y ello facilitará y posibilitará que las inversiones se canalicen en forma adecuada al cumplimiento de los objetivos cuyo cumplimiento redunda en un beneficio común. Los particulares atraídos por contratos y reglas de juego estables y competitivas deben ver en la ampliación de la oferta energética argentina una oportunidad de inversión para satisfacer demandas crecientes.
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1º PROBLEMA: LA DECLINANTE E INSUFICIENTE EXPLORACIÓN ES LA CAUSA DE LA CAÍDA EN LAS RESERVAS Y POR ENDE EN LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS
La disminución crónica de la producción de hidrocarburos de nuestro país, en un contexto regional donde la mayoría de los países latinoamericanos la aumenta, tiene como causal directa la caída de las reservas que se ha dado en los últimos años y que el gobierno nacional ha agravado. La disminución de las reservas está asociada a la falta de inversión de riesgo; y a su vez la insuficiente inversión de riesgo, a la falta de una política pública adecuada.
La pérdida de reservas comprobadas es un hecho gravísimo que no tiene precedentes en los últimos 50 años. Entre 2002 y 2009 por disminución del stock de reservas de petróleo y gas natural, la Argentina se ha descapitalizado en más de 100 mil millones de U$s a valores de reposición actuales
Los hidrocarburos son esencialmente recursos no renovables; por lo tanto su explotación racional y sustentable depende del stock de reservas comprobadas disponible: un inventario de reservas en disminución – como ocurre en nuestro país- tiene como correlato natural una disminución de la producción.
Esa disminución del inventario de reservas es consecuencia, a su vez, de la escasa inversión en exploración en todas las cuencas y sobre todo en las no tradicionales de mediano y alto riesgo que serían aquellas donde podrían producirse nuevos descubrimientos de magnitud significativa.
Una política exploratoria que solo realice inversiones de bajo riesgo en la áreas tradicionales ya maduras donde Argentina viene extrayendo hidrocarburos desde hace mas de 100 años no es sustentable. Por supuesto que cada yacimiento –aún los más antiguos- puede y debe ser objeto de nuevas interpretaciones geológicas, de nuevas inversiones y de mejoras en las técnicas extractivas; pero el país debe afrontar otros desafíos que hoy no asume.
Es imperioso invertir y arriesgar en cuencas sedimentarias hoy no productivas; el desafío es descubrir una nueva cuenca petrolera como en el pasado fue descubierta la cuenca del Golfo de San Jorge en 1907; la Cuenca Neuquina en 1919; la Cuenca de Mendoza en la década de 30, y otras descubiertas en tiempos más modernos como la Cuenca del Noroeste y la Cuenca Austral.
El desarrollo de yacimientos de petróleo y gas de esquistos (shale oil, shale gas) y de arenas compactas (tight gas) es una buena noticia que abre una nueva frontera tecnológica y alienta expectativas sobre las potencialidades geológicas del país. Pero el relato oficial con los anuncios realizados en los últimos meses; lleva a confundir recursos con reservas probadas e induce a la población a creer que la recuperación de las reservas y la producción de petróleo y gas argentinos serán inmediatas. No es así, los recursos no convencionales de petróleo y gas tanto para la exploración como desarrollo y producción requieren de tecnología más compleja y más costosa que las requeridas por las labores convencionales. Es necesario poner de manifiesto que la falta de equipos especiales es una limitación para sumar perforaciones y que la política energética vigente es disuasiva de una mayor actividad conducente al desarrollo de esos recursos.
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2º PROBLEMA: LA PÉRDIDA DEL AUTOABASTECIMIENTO
ENERGÉTICO
Hasta 2010 y desde hacía aproximadamente 20 años Argentina era un país excedentario en materia energética; es decir un país que producía más energía de la que consumía, y que por lo tanto, tenía saldos exportables. Visto de otra manera: un país que produce energía y que además de consumirla internamente vende sus sobrantes al exterior y con ello genera dólares en su balanza comercial.
Esta condición no es una condición que nos haya sido fácil alcanzar a los argentinos; su logro demandó casi un siglo si consideramos que el petróleo fue descubierto en nuestro país en 1907 y recién se logró el autoabastecimiento sostenible en 1989. Tampoco fue posible por obra de la casualidad; fue por el contrario la resultante de una política tácitamente acordada y respetada por todos los gobiernos argentinos a lo largo de ese período, y también por la existencia de instituciones y hombres comprometidos con ese objetivo.
Argentina pudo mantener esa condición de autosuficiencia por 20 años; pero la disminución de la inversión de riesgo en exploración redundó en una disminución de los descubrimientos de nuevos yacimientos; lo que naturalmente llevó a la descapitalización en materia reservas de hidrocarburos en vez en de reponerlas con un criterio estratégico como corresponde a la práctica racional cuando se trata de explotar recursos no renovables. Estos males se agravaron particularmente a partir de 2003.
Advertido el actual gobierno por múltiples canales -tempranamente en 2004- que el sector afrontaba problemas estructurales graves (caída productiva sin precedentes en sus yacimientos; falta de inversión de riesgo; subsidios crecientes) que perjudicarían su funcionamiento, éste adopta una decisión equivocada: negar el problema y denostar a todo aquel que osara poner en tela de juicio la “racionalidad del modelo”.
El resultado ha sido y es lamentable. Argentina que en 2006 tenía un saldo comercial positivo para el sector energético de 5600 millones de U$s.; terminará 2011 con un saldo negativo estimado de 3000 millones de U$s; las importaciones crecerán en los próximos años mucho más tanto en volumen como en precio; los precios internos de la energía deprimidos alentarán por su parte el crecimiento ya insostenible de los subsidios energéticos que comprometerán recursos fiscales en un porcentaje elevado del PBI.
3º PROBLEMA: LOS SUBSIDIOS CRECIENTES
La dependencia de importaciones más caras tiene su correlato en subsidios más onerosos para sostener precios y tarifas internos que no recuperan costos. Esos subsidios energéticos que el año pasado treparon a 26.000 mil millones de pesos, este año pueden llegar a duplicarse considerando lo sucedido en el primer trimestre. Mucho más aún si se toman en cuenta los subsidios al transporte que también son de raíz energética. Como los recursos fiscales no alcanzan y ahora se financian con impuesto inflacionario (emisión de billetes sin respaldo), se han transformado en un engaño a toda la sociedad. Para mantener la ficción de los precios
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y las tarifas congeladas mediante subsidios indiscriminados, las políticas populistas licúan el poder de compra del salario con más inflación.
No solo eso; los subsidios crecientes están destinados a cumplir varios roles simultáneos que deben ser puestos de manifiesto: 1) disimular ante la ciudadanía una mala gestión gubernamental; por lo tanto tienen un claro fin electoral evitando la protesta social; 2) disimular la falta de inversión privada con lo que quedaría en evidencia la falacia del “modelo en el sector” imprescindible para la ampliación de la oferta y distrayendo fondos públicos de otros usos socialmente más productivos; 3) el hecho de que alcancen ya proporciones importantes respecto al PBI y con tendencia creciente debe ser entendido como sinónimo de que mantener su vigencia suspenderá “sine die” la asignación de esos fondos públicos para la resolución de problemas crónicos que afectan a la sociedad en su conjunto y son de larga data.
4º PROBLEMA: LOS SOBRECOSTOS DEBIDOS A LA CORRUPCIÓN Y
EL LANZAMIENTO DEFECTUOSO DE LAS OBRAS
Como consecuencia de la política energética, la baja tasa de inversión privada en los distintos segmentos de la industria ha forzado la intervención del Estado para sustituir inversión privada con inversión pública. Aunque la inversión pública en infraestructura energética durante estos años ha sido insuficiente, se asignó discrecionalmente en función de urgencias y criterios políticos y ello trajo sobrecostos que no pueden dejar de ser considerados como uno de los problemas más graves de cuantos afectan al sector.
Es muy importante poner de manifiesto que esta intervención estatal, generalmente improvisada; con pocos antecedentes planificados en cuanto a las obras que se realizan; sin las instituciones apropiadas para la realización de las tareas de inspección y control; y frecuentemente con normativa legal y reglamentaria desarrollada “ad hoc”; además del lanzamiento defectuoso de las obras con proyectos incompletos o sin la financiación adecuada haya sido objeto de ejecución anormal: el capitalismo de amigos consistente en la ejecución de obras públicas por empresas cercanas al poder; los sobre costos de las obras con respecto a valores presupuestados; los plazos que exceden los cronogramas generando costos improductivos; la falta de transparencia y la falta de auditorías independientes han sido práctica común en los últimos años.
Existe un conjunto de obras bajo sospecha de corrupción que involucran tanto a empresas privadas como a instituciones estatales y paraestatales; también funcionarios y ex funcionarios procesados. Auditorías no finalizadas que –aun con dificultades – se orientan a demostrar la falencia del sistema utilizado Estas malas prácticas deben ser desterradas de la administración pública en general y particularmente del sector energético.
Queda para el próximo Gobierno como punto fundamental de Agenda la erradicación de prácticas defectuosas en materia de ejecución de obras públicas con el propósito de:
a) Selección adecuada de las obras energéticas a priorizar.
b) Lanzamiento de obras con proyectos bien definidos y con los estudios de factibilidad completos.
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c) Explicitación de los mecanismos de financiación de la infraestructura que aseguren la ausencia de sobrecostos y que permitan una ejecución con cronogramas sin retrasos.
d) Asegurar reglas de trasparencia en la adjudicación y en la ejecución de las obras; incluyendo las auditorias correspondientes.
e) Moralizar la ejecución de la obra pública; sustrayéndola de las prácticas clientelares y demagógicas.
5º PROBLEMA: LA PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA E INTERRUPCIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS POR PROTESTAS DE PARTICULARES.
La Argentina política está perdiendo los mecanismos de mediación propios de las democracias representativas. También ha debilitado los controles y equilibrios propios del sistema republicano. El Estado de Derecho que consagra nuestro orden constitucional aparece jaqueado todos los días cuando desde el poder se alientan manifestaciones propias de las denominadas “democracias delegativas” o “prebendarías”.
Estas deformaciones del sistema, de raíz autoritaria, que desbordan los mecanismos institucionales de solución de conflicto, empiezan a descontrolarse y a amenazar circuitos neurálgicos del sistema energético con graves riesgos para la continuidad en la prestación de servicios públicos esenciales.
La paralización de la explotación en distintas cuencas productivas, la toma de plantas y eventuales actos de depredación contra instalaciones logísticas de la industria energética pueden producir serias consecuencias de mediano/largo plazo con perjuicios económicos y sociales para todos los argentinos. La necesidad de reglas e instituciones que reclamamos para el sector energético no está aislada de la preocupación ciudadana tendiente a que los reclamos de acción directa en los distintos sectores se canalicen a través de los mecanismos institucionales previstos por la Constitución y las leyes de manera de evitar la discontinuidad de servicios esenciales.
3.-CONCLUSIONES
Los problemas que padece el sector energético como hemos puntualizado en el presente documento son graves y tienen características estructurales; su resolución no será ni fácil, ni poco costosa, ni rápida. Sin embargo aún pueden ser disimuladas por algún tiempo evitando la toma de conciencia por parte de la comunidad.
Para que los problemas realmente no sean percibidos por la ciudadanía en su cotidianeidad se necesita de una serie de condiciones que podríamos sintetizar en la ausencia de una información oficial sobre el real estado del sector: la ciudadanía no conoce de boca de sus gobernantes ni la existencia de la magnitud de los subsidios; ni el hecho de que la
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importaciones energéticas sean crecientes; ni la caída de nuestra producción energética.
Tampoco nuestros representantes parlamentarios son informados de estos problemas: el problema energético no es abordado ni siquiera en el discurso anual de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso una vez al año por parte del Poder Ejecutivo. Cualquiera puede constatar esta afirmación. El disimulo llega ya a niveles peligrosos para lo que se considera el estándar de transparencia que debe existir en una República moderna.
Si bien el tema puede no tener, por su complejidad, lugar en el discurso de campaña de los candidatos presidenciales en mérito a la brevedad que impone el mensaje mediático es imperioso que las fuerzas políticas representativas acuerden una Agenda básica para corregir la actual situación, como así también establecer las Políticas de Estado que trascenderán a los futuros gobiernos.
Las acciones correctivas difícilmente se logren sin un apoyo de la ciudadanía y para ello es necesario informar con transparencia., la verdad dista mucho del relato de ficción montado por el Gobierno. Nada justifica ni la declinación productiva persistente de nuestro sector de hidrocarburos; ni la caída de la inversión de riesgo; ni la dependencia externa del sector energético; ni la corrupción en gran escala; ni la falta de transparencia; ni la toma de los yacimientos por particulares ante la mirada pasiva de los funcionarios; ni los fondos públicos que consume el sector que impiden resolver grandes cuestiones fundamentales para el funcionamiento de la nación.
Firmado:
Emilio Apud; Julio César Araoz; Enrique Devoto; Roberto Echarte;
Alieto Guadagni; Jorge Lapeña; Daniel Montamat; Raúl Olocco
Buenos Aires, 4 de julio de 2011