El
gobierno de Cristina Kirchner no ha recibido un duro golpe sino dos.
jueves, 6 de diciembre de 2012
Un 7D "no positivo". Por Daniel V. González
El
primero, y más obvio, es el fallo judicial prorrogando la medida cautelar
solicitada por el Grupo Clarín respecto de la Ley de Medios.
El
otro es una derivación, impensada hace algunas semanas: la ratificación del
conflicto con el Poder Judicial, de consecuencias aún imprevisibles.
Este
último, por su extensión y características, puede llegar a ser más importante
que el fallo la Cámara Civil y Comercial Federal.
La
Ley de Medios no nació de una vocación por reordenar el espectro, irregular
desde hace muchos años, de frecuencias radiales, canales de TV, cables y
telefonía. Es el intento de dar un paso decisivo en el control de los medios de
prensa y en la construcción de un monopolio oficial que arrincone a los medios
independientes y limite su capacidad de libre expresión.
El
pretexto fue la necesidad de ampliar el coro de voces, de instalar una
multiplicidad democrática con espacio para minorías, expresiones fragmentarias,
nucleamientos sociales y agrupaciones de diversa naturaleza e imperceptible o
débil existencia.
La
razón esencial, sin embargo, no fue comunicacional sino politica. Y tiene mucho
de capricho personal y obsesión: pulverizar al Grupo Clarín al que el extinto
presidente le adjudicaba un poder extraordinario: manipular a la opinión
pública y dirigirla contra el gobierno.
Como
se recuerda, esta animosidad nació en plena crisis del campo, en 2009, tras un
idilio de varios años entre Néstor Kirchner y el grupo de medios luego
demonizado. Luego llegaron los comicios de junio en los que el oficialismo
salió derrotado. Pero antes de que se renovaran las cámaras en el Congreso, el
oficialismo hizo aprobar la Ley de Medios, valiéndose de una mayoría que ya no
reflejaba la realidad política del momento que se vivía.
Para
aprobar la ley, el gobierno contó con el apoyo de otros grupos políticos. Los
socialistas, en primera línea (con la solitaria excepción de la cordobesa Laura
Sesma). Los legisladores afines a Pino Solanas también la votaron. . Los
radicales abandonaron la sesión masivamente.
En
el caso de Córdoba, sumaron su apoyo la diputada Nora Bedano, Alberto Cantero,
Patricia Vaca Narvaja, Cecilia Merchán y Francisco Delich. Es decir, la ley
contó con la aprobación de otros grupos políticos que hoy, con cara de horror,
se quejan de la utilización que el gobierno hace de esta ley que ellos ayudaron
a aprobar.
Los
medios y el poder
Quizá
haya sido la raigambre “gramsciana” de los intelectuales que rodean al
gobierno, lo que lo ha llevado a pensar que la comunicación tiene una
importancia decisiva en la construcción de poder. Aún aceptando esta hipótesis
discutible, un simple recuento de los medios de prensa sobre los que el
gobierno, de un modo u otro, tiene influencia decisiva, nos hace ver con
claridad la falacia de las carencias comunicacionales con las que se intentaba
justificar la destrucción del Grupo Clarín.
Los
afanes hegemónicos del gobierno chocan inexorablemente contra el control
remoto, es decir, la soberanía del consumidor, su aptitud de elegir qué medios
elije para informarse y cuáles desecha porque considera de baja calidad, porque
no coinciden con sus propios puntos de vista o porque considera tendenciosos. Así,
el inmenso conglomerado de medios (diarios, revistas, radios FM y AM, canales
de TV abierta y de cable) con que cuenta el gobierno, siempre le parecerá
insuficiente pues la caprichosa audiencia, los lectores y televidentes tienden
a tomar distancia de los medios oficialistas, siempre carentes de creatividad y
apegados a un estilo complaciente y genuflexo que termina por fatigar y generar
rechazo.
El
empecinamiento del gobierno contra Clarín tiene un sentido no tanto
comunicacional como demostrativo acerca de quién manda en la Argentina. Para
esos fines, todo vale: la presión a través de la AFIP, la recusación y amenazas
a jueces y familiares, los escraches, las movilizaciones, el intento de sometimiento
a través de la pauta publicitaria, etcétera.
Pero
en esta batalla contra el Grupo Clarín el gobierno ha ido resignando
importantes lonjas de poder. Con su aplastante victoria de hace un año, el
gobierno creyó entrever la habilitación de una vía libre que lo autoriza a
quebrantar las normas que rigen el funcionamiento de las instituciones
republicanas. Su avance autoritario, sin embargo, ha encontrado fuertes
resistencias especialmente en la clase media, que se ha expresado a través de
las copiosas manifestaciones públicas del 13 de septiembre y el 8 de noviembre.
El
conflicto con la Justicia
Pero
además de todo, en esta batalla alocada y un tanto estúpida, Cristina ha
abierto un nuevo y muy gravoso frente de conflicto. Se está enfrentando crecientemente
con el Poder Judicial, incluso con su instancia más elevada: la Corte Suprema
de Justicia.
La
dinámica del poder populista, su forma de ver la política, lo hace derivar
rápidamente hacia formas autoritarias de poder. El “vamos por todo” encierra una
idea dictatorial del ejercicio del gobierno: al contar con el voto popular,
todo lo demás debe subordinarse a esa legitimación electoral, sin lugar a
discusión alguna.
En
ese contexto, la Justicia no puede ser sino un instrumento subordinado lisa y
llanamente al poder político. El parlamento, un simple grupo de levantamanos
sin iniciativa propia, mero ratificador a libro cerrado de las iniciativas que
el Supremo Ejecutivo baja para su simple aprobación.
En
esta intención de ir por todo, el gobierno se ha encontrado con dos obstáculos:
la gente en las calles y, ahora, el Poder Judicial.
Al
parecer, la Justicia se niega a ser sometida a un proceso de “oyarbidización”.
Muchos jueces de todo el país se oponen –eso parece, al menos- a ejercer la
justicia dentro de los márgenes del corralito que le señala el gobierno
nacional. Se niegan a orientar sus fallos, una y otra vez, en el sentido en que
le señala el Poder Ejecutivo.
Por
eso, en cierto modo, el conflicto por la libertad de expresión ha cedido su
importancia a otra batalla: la que definirá si el país podrá contar o no con
una justicia independiente de las necesidades circunstanciales, los humores y los
caprichos de Cristina Kirchner.
En
su batalla por imponer a sangre y fuego la Ley de Medios, el gobierno va
desgranando su poder y va sumando conflictos que preanuncian que, a esta
altura, ya cualquier victoria nos recordará a Pirro.
El
momento político que se vive, es inevitable, nos recuerda a la famosa jornada
del voto “no positivo”. Después de eso, el kirchnerismo logró recomponer su
poder y alcanzar el triunfo dos años después. ¿Podrá hacer lo mismo ahora? ¿Vencerá
el gobierno la tentación de obrar de hecho, es decir, al margen de la ley? Los
próximos días pueden ser fecundos en respuestas a estos interrogantes.
2 comentarios:
Es cierto, el gobierno atrasa, el 7D fue derrotado por el 6D.
En realidad son errores sólo atribuibles a los abogados designados por la presidente en su divorcio con Clarín. De una impericia obscena.
Debieron hacer las presentaciones en la ... Cámara de New York, única donde consiguen fallos favorables.
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