jueves, 6 de diciembre de 2012

Un 7D "no positivo". Por Daniel V. González

El gobierno de Cristina Kirchner no ha recibido un duro golpe sino dos.

El primero, y más obvio, es el fallo judicial prorrogando la medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín respecto de la Ley de Medios.

El otro es una derivación, impensada hace algunas semanas: la ratificación del conflicto con el Poder Judicial, de consecuencias aún imprevisibles.
Este último, por su extensión y características, puede llegar a ser más importante que el fallo la Cámara Civil y Comercial Federal.
La Ley de Medios no nació de una vocación por reordenar el espectro, irregular desde hace muchos años, de frecuencias radiales, canales de TV, cables y telefonía. Es el intento de dar un paso decisivo en el control de los medios de prensa y en la construcción de un monopolio oficial que arrincone a los medios independientes y limite su capacidad de libre expresión.
El pretexto fue la necesidad de ampliar el coro de voces, de instalar una multiplicidad democrática con espacio para minorías, expresiones fragmentarias, nucleamientos sociales y agrupaciones de diversa naturaleza e imperceptible o débil existencia.
La razón esencial, sin embargo, no fue comunicacional sino politica. Y tiene mucho de capricho personal y obsesión: pulverizar al Grupo Clarín al que el extinto presidente le adjudicaba un poder extraordinario: manipular a la opinión pública y dirigirla contra el gobierno.
Como se recuerda, esta animosidad nació en plena crisis del campo, en 2009, tras un idilio de varios años entre Néstor Kirchner y el grupo de medios luego demonizado. Luego llegaron los comicios de junio en los que el oficialismo salió derrotado. Pero antes de que se renovaran las cámaras en el Congreso, el oficialismo hizo aprobar la Ley de Medios, valiéndose de una mayoría que ya no reflejaba la realidad política del momento que se vivía.
Para aprobar la ley, el gobierno contó con el apoyo de otros grupos políticos. Los socialistas, en primera línea (con la solitaria excepción de la cordobesa Laura Sesma). Los legisladores afines a Pino Solanas también la votaron. . Los radicales abandonaron la sesión masivamente.
En el caso de Córdoba, sumaron su apoyo la diputada Nora Bedano, Alberto Cantero, Patricia Vaca Narvaja, Cecilia Merchán y Francisco Delich. Es decir, la ley contó con la aprobación de otros grupos políticos que hoy, con cara de horror, se quejan de la utilización que el gobierno hace de esta ley que ellos ayudaron a aprobar.

Los medios y el poder
Quizá haya sido la raigambre “gramsciana” de los intelectuales que rodean al gobierno, lo que lo ha llevado a pensar que la comunicación tiene una importancia decisiva en la construcción de poder. Aún aceptando esta hipótesis discutible, un simple recuento de los medios de prensa sobre los que el gobierno, de un modo u otro, tiene influencia decisiva, nos hace ver con claridad la falacia de las carencias comunicacionales con las que se intentaba justificar la destrucción del Grupo Clarín.
Los afanes hegemónicos del gobierno chocan inexorablemente contra el control remoto, es decir, la soberanía del consumidor, su aptitud de elegir qué medios elije para informarse y cuáles desecha porque considera de baja calidad, porque no coinciden con sus propios puntos de vista o porque considera tendenciosos. Así, el inmenso conglomerado de medios (diarios, revistas, radios FM y AM, canales de TV abierta y de cable) con que cuenta el gobierno, siempre le parecerá insuficiente pues la caprichosa audiencia, los lectores y televidentes tienden a tomar distancia de los medios oficialistas, siempre carentes de creatividad y apegados a un estilo complaciente y genuflexo que termina por fatigar y generar rechazo.
El empecinamiento del gobierno contra Clarín tiene un sentido no tanto comunicacional como demostrativo acerca de quién manda en la Argentina. Para esos fines, todo vale: la presión a través de la AFIP, la recusación y amenazas a jueces y familiares, los escraches, las movilizaciones, el intento de sometimiento a través de la pauta publicitaria, etcétera.
Pero en esta batalla contra el Grupo Clarín el gobierno ha ido resignando importantes lonjas de poder. Con su aplastante victoria de hace un año, el gobierno creyó entrever la habilitación de una vía libre que lo autoriza a quebrantar las normas que rigen el funcionamiento de las instituciones republicanas. Su avance autoritario, sin embargo, ha encontrado fuertes resistencias especialmente en la clase media, que se ha expresado a través de las copiosas manifestaciones públicas del 13 de septiembre y el 8 de noviembre.

El conflicto con la Justicia
Pero además de todo, en esta batalla alocada y un tanto estúpida, Cristina ha abierto un nuevo y muy gravoso frente de conflicto. Se está enfrentando crecientemente con el Poder Judicial, incluso con su instancia más elevada: la Corte Suprema de Justicia.
La dinámica del poder populista, su forma de ver la política, lo hace derivar rápidamente hacia formas autoritarias de poder. El “vamos por todo” encierra una idea dictatorial del ejercicio del gobierno: al contar con el voto popular, todo lo demás debe subordinarse a esa legitimación electoral, sin lugar a discusión alguna.
En ese contexto, la Justicia no puede ser sino un instrumento subordinado lisa y llanamente al poder político. El parlamento, un simple grupo de levantamanos sin iniciativa propia, mero ratificador a libro cerrado de las iniciativas que el Supremo Ejecutivo baja para su simple aprobación.
En esta intención de ir por todo, el gobierno se ha encontrado con dos obstáculos: la gente en las calles y, ahora, el Poder Judicial.
Al parecer, la Justicia se niega a ser sometida a un proceso de “oyarbidización”. Muchos jueces de todo el país se oponen –eso parece, al menos- a ejercer la justicia dentro de los márgenes del corralito que le señala el gobierno nacional. Se niegan a orientar sus fallos, una y otra vez, en el sentido en que le señala el Poder Ejecutivo.
Por eso, en cierto modo, el conflicto por la libertad de expresión ha cedido su importancia a otra batalla: la que definirá si el país podrá contar o no con una justicia independiente de las necesidades circunstanciales, los humores y los caprichos  de Cristina Kirchner.
En su batalla por imponer a sangre y fuego la Ley de Medios, el gobierno va desgranando su poder y va sumando conflictos que preanuncian que, a esta altura, ya cualquier victoria nos recordará a Pirro.
El momento político que se vive, es inevitable, nos recuerda a la famosa jornada del voto “no positivo”. Después de eso, el kirchnerismo logró recomponer su poder y alcanzar el triunfo dos años después. ¿Podrá hacer lo mismo ahora? ¿Vencerá el gobierno la tentación de obrar de hecho, es decir, al margen de la ley? Los próximos días pueden ser fecundos en respuestas a estos interrogantes.






2 comentarios:

Anónimo dijo...

Es cierto, el gobierno atrasa, el 7D fue derrotado por el 6D.

Anónimo dijo...

En realidad son errores sólo atribuibles a los abogados designados por la presidente en su divorcio con Clarín. De una impericia obscena.
Debieron hacer las presentaciones en la ... Cámara de New York, única donde consiguen fallos favorables.

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