Hacia un "per asaltum". Por Gonzalo Neidal

La Corte Suprema de Justicia resolvió con rapidez el “per saltum” que puso a su consideración el gobierno nacional: lo rechazó. Esto significa que deberá apelar por la vía usual el fallo de la Cámara que extendió la medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín.

No está dicha la última palabra respecto de la constitucionalidad o no del   artículo de la Ley de Medios referido a los plazos de desinversión, algo que tiene que resolver el Juez de primera instancia Horacio Alfonso. Por supuesto que este fallo específico está circunscrito al recurso del “per saltum” y no nos permite atisbar una opinión de los ministros del máximo tribunal sobre la cuestión de fondo, que todavía está por resolverse.

Aún aceptando la indudable importancia que tiene este fallo específico, la pulseada entre el gobierno y el Grupo Clarín tiene para el gobierno un alto valor simbólico en dos frentes de combate, con dos sectores que son los más díscolos para someterse al disciplinamiento a que aspira el gobierno: los medios de comunicación y la Justicia.

Lo jurídico devino en político. Más allá de los vericuetos del articulado de la Ley de Medios, del fastidio inocultable que los miembros de la Corte tenían a raíz de la aprobación de la ley del “per saltum”, el gobierno se ha deslizado rápidamente a plantear el tema en términos de poder. Lo que afirma es que, si la Justicia no confirma sus puntos de vista, entonces existe una virtual sublevación y un desconocimiento de la voluntad soberana del pueblo argentino.

El gobierno razona –y esto es muy propio del populismo- que la fuente de toda soberanía es el voto popular. Y esa voluntad está sintetizada en el poder ejecutivo. El gobierno tiene la idea de que no existe margen alguno para una disidencia acerca del significado de las leyes: deben interpretarse conforme al pensamiento del poder ejecutivo, del gobierno. Cualquier otra interpretación supone menoscabo para la soberanía popular, un desconocimiento de la mayoría electoral y una virtual sublevación contra el poder constituido.

En su discurso durante las celebraciones del domingo pasado, la presidenta pronunció palabras de una gravedad institucional inusitada. Dijo: “Cuando a algunos les fallan los fierros mediáticos intentan construir fierros judiciales para poder tumbar”. Como se sabe, “fierros” es una forma de denominar a las armas popularizada en los setenta por la guerrilla. La presidenta, irresponsablemente, involucró a los miembros de la Corte en un intento por voltear a su gobierno. Si esta declaración no ha tenido más trascendencia y repercusión es porque la palabra presidencial está sumamente devaluada en materia de agravios, amenazas, denuncias, victimizaciones y anuncios de golpes de estado. La gente que la escucha, incluso sus partidarios, toman estas graves advertencias como un recurso retórico, no como una denuncia efectiva, con consecuencias concretas. Inmediatamente después de anunciar que la Justicia la quiere “tumbar”, la presidenta se puso a bailar candombe en el escenario montado para el acto.

El gobierno quiere doblegar, someter, subordinar a los medios y a la Justicia. Para eso se vale de todos los recursos a su alcance. Mil maneras de apriete. Mil formas de presión. Pero detrás de todo eso abriga un concepto de presunta legitimidad: el que gana las elecciones, hace lo que quiere. Incluso interpreta el significado de las leyes.

Ya ha habido casos en que la Corte le ha fallado en contra al gobierno y el gobierno ha omitido cumplirlos. El lugar que Cristina le da a la Corte bordea la ausencia del mínimo decoro republicano.

La idea de Cristina es que nada puede oponerse a su poder, al poder del ejecutivo. Nada en absoluto. Si hay alguna duda sobre la constitucionalidad o acerca de la interpretación de las leyes, eso se resuelve de un modo sencillo: la justicia debe fallar conforme a las necesidades del gobierno. Cualquier otro modo de resolver el problema constituye una conspiración contra el poder presidencial, que emana del pueblo, del soberano.

Eso no es república. Es populismo.

Y, en la lucha que se libra entre la Justicia y el gobierno, se dirime si en los próximos años viviremos en un sistema republicano, con división de poderes, o si se consolidará la concentración de poder arbitrario en la cabeza de la presidenta.

Eso es lo que se decide en esta batalla.

La disputa por la Ley de Medios no tiene tanto un significado práctico sino como nutriente del “relato” y la épica kirchnerista: doblegar a un poderoso en nombre de los pobres. Eso significa hacer justicia, ampliar la democracia y multiplicar las expresiones. ¿Que las radios y canales que surjan de este reacomodamiento no podrán subsistir por sus propios medios? No importa: las sostendrá el estado, con el dinero de los ricos, a los que se les cobrarán los impuestos que sean necesarios para que el pueblo pueda expresarse.

Pero apareció el Poder Judicial para interponerse y decir que las cosas no son tan fáciles, que es preciso estudiar si tal o cual artículo de la ley es constitucional o no, que hay que respetar los procedimientos establecidos en los Códigos y las Leyes. No hay duda: se trata de un intento desestabilizador y golpista. Más aún: si la Corte no resuelve conforme a lo que el gobierno pretende, puede ser comparada con la Corte que, en tiempos de Hipólito Yrigoyen, convalidó el golpe del 6 de septiembre dado por el general Uriburu. Así lo dijo la presidenta en el acto de Plaza de Mayo.

De tal modo, la pulseada por la Ley de Medios ya no es tanto con el Grupo Clarín sino con el Poder Judicial. Y, con los pasos que se van dando, ya no es una disputa por un fallo en particular –aunque esto sin duda cuente- sino que se trata de un conflicto que puede dirimir si el sistema republicano continúa vigente en la argentina o, por el contrario, se ha transformado en una cáscara sin valor que apenas sirve para encubrir a un gobierno que quiere gobernar sin límite alguno.

En tal sentido, y teniendo en cuenta sus antecedentes, no sería raro que si el gobierno no puede conseguir lo que se propone por el camino legal, lo haga por la vía de los hechos.

Que lo que no obtenga con el “per saltum”, lo intente a través del “per asaltum”.