Los industriales y el gobierno. Por Gonzalo Neidal

En las primeras líneas de Conversación en La Catedral, Santiago, uno de los personajes, se formula una pregunta que los ensayistas han tomado una y otra vez para plantear, a partir de ahí, sus ideas y puntos de vista sobre cualquier país: “¿En qué momento se había jodido el Perú?”. 

Muchos años más tarde, el propio Vargas Llosa en una de sus notas periodísticas propone su respuesta: los países no se joden sino a lo largo de los años, equivocándose una y otra vez durante un largo tiempo. No hay un instante fatal sino una sucesión de hechos, una larga cadena de errores.

En los setenta, años embebidos (o al menos eso se pensaba) de la doctrina marxista, la pregunta más habitual al momento de analizar la orientación de un gobierno era: “¿Para quién gobierna; a quién favorece su política?”. Porque se entendía que cada partido o grupo, una vez que se hacía del poder, enderezaba sus acciones en una precisa dirección, favoreciendo determinados intereses y buscando beneficiar a tal o cual sector social. El esquema era bien simple: los golpes de estado, ya se sabe, estaban hechos para favorecer a los ricos de Argentina (la oligarquía pampeana) y al imperialismo norteamericano; el radicalismo gobernaba para la clase media urbana y para los chacareros y el peronismo para la burguesía nacional, el empresariado vernáculo, principalmente industrial.

El apoyo que lograba entre los sectores más pobres de la población se debía al recuerdo de los años gloriosos del primer Perón, cuya memoria pasaba de generación en generación como una época brillante. Los marxistas más sofisticados señalaban que Perón era un jefe bonapartista, en alusión a Napoleón III, de quien se decía que arbitraba por encima de los sectores sociales. Muchos vieron en Perón un estratega de la industrialización, que realizaba desde el estado la política que los industriales nacionales, por su debilidad, no podían hacer: expansión del mercado interno, modernización, promoción de la actividad industrial, etc. Tomaba medidas que favorecía a los industriales pero éstos, abrumados por la presión y el avance sindical, eran incapaces de percibir que los grandes trazos de la política de Perón los beneficiaba.

¿Cuáles son los intereses que intenta representar Cristina? ¿Qué idea de país tiene en su cabeza al momento de decidir una línea de gobierno?

Quedan descartados de plano los productores agrarios. Cristina ve en ellos la oligarquía a la que aludía Perón en sus discursos más flamígeros. Agro es, conforme a la visión que hoy reina, Jockey Club, Sociedad Rural, polo, golf, countries, yachting, gente rica y glamorosa: los enemigos del pueblo. Que las políticas que más enorgullecen a este gobierno sólo hayan sido posibles  gracias a la potencia productiva de nuestros eficientes productores agrarios, es apenas un detalle carente de trascendencia para el grupo político gobernante.

¿Puede decirse acaso que este gobierno, tal como el de Perón a partir de los años ’40, representa los intereses de la industria nacional? ¿Que formule políticas en beneficio de los industriales autóctonos? Si nos atenemos a las opiniones más relevantes escuchadas en el reciente encuentro de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) realizada en estos días, la respuesta es negativa. O bien, la capacidad de discernimiento de los industriales es tan exigua que no alcanzan a percibir los beneficios de una política económica que no busca otra cosa que beneficiarlos.

El titular de la UIC definió en pocas palabras los problemas que enfrenta su sector y que tienen su origen en medidas del gobierno: la inflación, los controles cambiarios, los problemas para conseguir insumos importados necesarios para producir. Aunque el gobierno muchas veces trate de explicar las restricciones cambiarias y las limitaciones a las importaciones como si fueran parte obligatoria de una inteligente estrategia de sustitución de importaciones, cada vez queda más claro que se trata de medidas dictadas por una elemental necesidad de dólares, y aplicadas de un modo rústico y depredador.

El discurso de la sustitución de importaciones suena siempre bien a los oídos de nuestros industriales, acostumbrados a la protección estatal más que a la competencia. Ella significa restringir las importaciones, preservar a la industria nacional de la competencia extranjera, reservar el mercado local para nuestros industriales. Se trata de una política desarrollada en el país durante décadas, al cabo de las cuales los resultados obtenidos no son dignos de elogio. Pasados los años y dueños del mercado local, los industriales se atrasaron tecnológicamente e hicieron pagar a los argentinos precios elevados por bienes de calidad inferior. Eximidos de toda competencia con el exterior, se sintieron desobligados de invertir, investigar, incorporar tecnología, mejorar diseños, avanzar en calidad. La falta de competencia y la seguridad que otorga la protección aduanera indiscriminada y prolongada, siempre produce estos resultados.

Si esto es todo lo que tiene el gobierno para ofrecer a los industriales, es bien poco. Aunque lo adobe con créditos baratos, sigue siendo muy poco. Sobre todo en tiempos en que existe una inflación capaz de sacar de toda competencia internacional aún a los industriales más eficientes.