El discurso de apertura de sesiones de la legislatura de ayer deja en claro que el gobernador de Córdoba no retrocederá en su intento de diferenciarse nítidamente del gobierno nacional.
En una situación provincial que resulta desventajosa y aun vulnerable, como destacábamos en nota anterior, José Manuel de la Sota permanece en su posición de marcar distancia, en cuanto a conceptos y actitudes, respecto de Cristina Kirchner.
Pero ya no lo hace con el discurso ni con la consigna. Ya no lo intenta con enunciados ni elige la cómoda vía de pontificar sino que procura diferenciarse con sus actos de gobierno. Con la gestión, con hechos. Las palabras pueden herir y predisponer mal al gobierno nacional. Los simples actos de gobierno, en cambio, muestran un camino alternativo en forma silenciosa, sin estridencias que irriten.
De la Sota tiene razón cuando dice que los cordobeses estamos hartos de tanta protesta pública que hostiga a los vecinos y ciudadanos que nada tienen que ver con ella. La protesta, aún por razones nimias, ha tornado violenta. Los dirigentes gremiales más violentos son los que más prestigio ganan entre sus pares pues se van construyendo una fama de “intransigentes”, “combativos”, “defensores inclaudicables de los derechos de los trabajadores”, etcétera.
Así vamos llegando a un círculo insólito: más violencia equivale a más prestigio; más bombas, mejor fama. Hubo un tiempo en el cual esta misma lógica llevó a que los empresarios fueran asesinados en presunta defensa de los derechos de los trabajadores. Claro que existía otro clima social y político. Pero éste, es un camino ciertamente peligroso que se ha visto abonado por la demagogia de algunos dirigentes políticos que sostienen que poner orden supone “criminalizar la protesta social”, frase irresponsable que abre la puerta a cualquier desmán y condena a quienes quieren hacer cumplir la ley.
El gobierno nacional siempre se ha mostrado partidario de esta política permisiva, al menos en la Capital Federal. Sin embargo, ese criterio no ha impedido que registren ya una docena de muertos en distintos acontecimientos en los que ha eludido la responsabilidad de imponer orden. Ausente la autoridad, la sangre corre en enfrentamientos entre vecinos. En otras tierras, más alejadas de las cámaras de TV, la represión suele transitar por otros carriles y ahí no se mezquina palo a los manifestantes. Así ocurre en Santa Cruz, por ejemplo, donde desde tiempos de Néstor, el que hacía huelga era escrachado en su propia vivienda y golpeado por los amigos del gobierno.
Pero hoy por hoy, al proponer severas sanciones para los violentos, el gobernador se sitúa fuera del canon “progresista” y se pone, conforme a los parámetros actuales, claramente a la derecha, si es que queremos utilizar la nomenclatura en boga.
Porque imponer orden o pretender hacerlo, es de derecha y así le será reclamado a De la Sota por parte de una parte del arco político y, sobre todo, por los sindicalistas. Y por los kirchneristas, por supuesto.
Al asumir en 1999, De la Sota hizo aprobar una ley que sancionaba a los manifestantes que no liberaran, al menos, media calzada para la circulación de autos y peatones. Esta ley nunca se aplicó, probablemente porque los reclamos eran satisfechos por el clima de abundancia que se vivía. Pero ahora el país y cada una de las provincias, comienzan a transitar un tiempo más complicado que en el pasado. Ahora los reclamos salariales no podrán ser tan fácilmente conjurados, como antes. Se vienen días de fondos escasos y reclamos crecientes. Quejas difíciles de satisfacer.
Probablemente abunden los dirigentes dispuestos para la protesta, la bomba de estruendo y la cubierta en llamas. No le será sencillo al gobernador cumplir lo que anunció ayer en la legislatura. Aunque ello esté en sintonía con los deseos de una inmensa mayoría de cordobeses.
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