Problemas con las minas. Por Gonzalo Neidal

El conflicto planteado entre el gobierno y los activistas ecológicos en relación con la explotación minera a cielo abierto, tiene varios aspectos. El tema crítico es la utilización del cianuro, poderoso veneno, para la separación del oro.

Ello ha hecho que en todo el país se levantaran voces de advertencia y que muchos militantes ecológicos se trasladaran a la zona (Andalgalá y Tinogasta en Catamarca; Cerro Famatina en La Rioja). En las redes sociales el tema está a la orden del día.

Digamos que la defensa por parte del gobierno nacional de las empresas transnacionales que realizan esta explotación minera, constituye en principio una inconsistencia con su discurso habitual de rechazo al capital extranjero y a la inversión transnacional. Para estos casos, la Casa Rosada se toma un descanso: desde el atril, la presidenta criticó duramente a los ecologistas y les pidió madurez en sus juicios y opiniones.

Por lo que se va viendo en los medios de comunicación, los protagonistas del rechazo hacia la contaminación –principal eje de cuestionamiento a la explotación- no parecen de la zona de producción. Al revés: da la impresión que los residentes muestran una gran pasividad si no un decidido apoyo a la explotación. Eso ocurre, al menos, hasta ahora.

De todos modos hay algunos aspectos llamativos. Uno, que el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, que llegó a la gobernación con un fuerte discurso en contra de la inversión minera a cielo abierto, haya cambiado radicalmente su posición y ahora se muestre partidario de ella. Probablemente haya ocurrido que las empresas han podido persuadirlo con  fuertes argumentos. Sería bueno, en ese caso, que el gobierno de La Rioja los haga conocer a todos los argentinos, pues han de resultar muy convincentes y definitivos.

Por otro lado, hace un par de días, en conferencia de prensa, la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci negó que la explotación minera de oro en su provincia se realice con la utilización de cianuro. Luego, apareció documentación que demostraba que, cuanto menos, la gobernadora no estaba bien informada al respecto.

Como se sabe, desde la reforma de la Constitución en 1994, el subsuelo y sus riquezas pertenecen a las provincias y el beneficio que se obtiene de las explotaciones significan ingresos para las provincias. Lo que sucede es que nunca está claro a cuánto asciende el beneficio.

Lo más preocupante de todo, sin embargo, ha sido la percepción de que las compañías mineras se han transformado en un verdadero poder de hecho en las provincias donde se han radicado. Testimonios y filmaciones de las zonas en cuestión muestran claramente el ejercicio, por parte de las empresas, de un poder por encima de la policía provincial y por arriba de las autoridades de las comunas e intendencias. Robustos empleados de las compañías mineras hacían y deshacían ante los ojos azorados de los manifestantes. Impedían la entrada al pueblo de periodistas y de automóviles que consideraban inconvenientes, retenían personas, desplazaban manifestantes, realizaban la logística de todo un operativo que desbordaba a las autoridades locales. La propia policía provincial estaba bajo las órdenes de los empleados de estas empresas, lo cual resulta insólito y es propio de los tiempos en que se acuñó la denominación de “país bananero”, en alusión a la presencia en zonas del trópico, de compañías internacionales que ejercían soberanía de hecho en esos territorios.

Con esta relación de fuerzas que se ha hecho evidente, es muy difícil que la provincia pueda controlar a las empresas, cuidar que preserven el medio ambiente, que no derramen sustancias tóxicas o lo que fuere. Es increíble que un gobierno que hizo de la instalación de las papeleras en Uruguay una causa nacional, ahora mire para otro lado ante reclamos –justificados o no- en el propio territorio nacional.

Probablemente la creación de un organismo con participación de las Universidades Nacionales, de sus técnicos, docentes y científicos, pueda poner fuera de duda el nivel de contaminación de estas explotaciones. La actividad minera, incluida la del oro, se desarrolla en todo el mundo y seguramente habrá modos en que pueda realizarse también en nuestro país sin infracción hacia el medio ambiente.