La corrupción no califica para instalarse como uno de los grandes problemas nacionales.
Los sociólogos, ocupados en las grandes categorías históricas, la miran con desprecio, como un fenómeno de importancia marginal, impropio para aspirar a ser considerado en las Cátedras o de ser abordado en simposios o conferencias.
Apenas si la consideran como un fenómeno aislado, de existencia permanente en el poder, cualquiera sea el color político del partido que lo ejerza. Se piensa que incluir la corrupción en un texto equivale a degradarla, a bajar su calidad conceptual y a descender desde las cumbres de la teoría a la política de comité. Los intelectuales contestatarios tienen una idea más utilitaria sobre el tema: si es obra de “la derecha”, es abominable, digna del más duro de los rechazos en nombre de los desposeídos. Pero si la protagonizan políticos afines, el propio bando, es perdonable pues se trata de una pequeña mácula dentro de un proceso revolucionario y transformador que demanda de todos nosotros una gran comprensión y tolerancia de estos pequeños problemas. Todos recordamos la firmeza con que este tema era tratado en épocas de Carlos Menem, en franco contraste con el prudente silencio que guarda por estos años.
Uno podría pensar que, para casos como estos, nos queda la Justicia, la existencia de jueces y fiscales incorruptibles dispuestos a dar batalla contra la degradación de estado, las actividades non sanctas de sus funcionarios y la decadencia de la sociedad en su conjunto. Porque esa es la idea que uno tiene de la justicia: que es una zona de reserva, donde el delito y la corrupción encuentran una valla insalvable que pone a los delincuentes en su lugar: la cárcel.
Pero no es así. O no está siendo así. Por alguna razón que desafía a la Ley de los Grandes Números (donde se sustenta la teoría de la estadística), todos los casos donde son denunciados los funcionarios del estado, en algunos de los cuales existen pruebas abrumadoras y definitivas, van a parar a un solo juzgado: el del Dr. Norberto Oyarbide. El sorteo siempre lo favorece y favorece a los sospechados, pues Oyarbide siempre falla a favor de los imputados.
Ayer, en coincidencia con uno de los casos más terribles de ineficiencia estatal cruzada con corrupción, que costó 50 muertos, se conoció que el juzgado de Oyarbide dejó de lado pruebas muy comprometedoras para con el anterior responsable del área de transporte: Ricardo Jaime, lo cual lo favorece en varias de las causas en su contra. También se conoció que el cuestionado juez se ha puesto a investigar el caso de la empresa Ciccone, en la que se encuentra comprometido nada menos que el vicepresidente de la Nación. El juez había recibido una denuncia, que archivó. Ahora, al tomar estado público, ha decidido investigar, que es un modo de decir que muy probablemente, en un breve lapso, desestimará la denuncia y todo quedará en la nada.
¿Cuál es la actitud del grueso de la población ante los hechos de corrupción? Si la situación económica general es aceptable, todos miran hacia otro lado, alegando que todos los que gobiernan, roban y que, al menos los que están ahora, devuelven una parte al pueblo a través de los subsidios. Si, en cambio, la economía comienza a resquebrajarse, si los ingresos descienden, si los precios aumentan, si el trabajo disminuye, entonces el ciudadano medio comienza a fastidiarse por la corrupción. La descubre, la señala, la critica y comienza a rechazarla pues cree descubrir que existe algún vínculo entre su deteriorada situación económica y la bonanza que percibe en los funcionarios públicos.
En Brasil, la presidenta ha relevado media docena de ministros porque estaban acusados de corrupción. En Alemania acaba de renunciar el presidente por haber recibido una dádiva menor de parte de una empresa. Esto es impensable en la Argentina de hoy.
Existe una vinculación directa entre la abundancia de corrupción, el grado de impunidad de que goza y la calidad institucional del país.
Más corrupción siempre significa menos futuro.
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