Privilegios e iniquidades. Por Gonzalo Neidal

Nuevamente las jubilaciones están en discusión. La presión sobre Córdoba por parte de Cristina Kirchner está arrojando sus primeros resultados: el gobernador De la Sota tuvo que tomar el toro por las astas y aceptar que, como están las cosas, no puede pagar el 82% móvil a los jubilados provinciales.

Esto significa que se vienen semanas o meses de paros, movilizaciones, reclamos y condenas por parte de los gremios. Es que Córdoba era la provincia soñada para los jubilados del estado: cobran igual que un empleado en actividad.

Un médico cordobés, un contador, un abogado, un arquitecto que trabajan en el sector privado, todos ellos con cajas propias, con todos los aportes realizados, cobran jubilaciones que oscilan entre los 2.000 y 3.000 pesos, todas ellas muy lejanas a los que gana un profesional en actividad.

Por otro lado, un obrero industrial, un empleado de comercio o un comerciante jubilados por las cajas nacionales, también están muy lejos de lo que cobran sus similares en actividad. Casi el 80% de los jubilados nacionales perciben la jubilación mínima, que asciende a unos 1.800 pesos mensuales, cifra que llena de orgullo a la presidenta pues la ha destacado en sus últimos discursos, al anunciar un aumento a los pasivos.

Mientras tanto en Córdoba, los jubilados de la empresa de energía (EPEC) cobran haberes jubilatorios que llegan hasta un promedio de 25.680 para el decil más alto (10% que más cobra), con un promedio mensual de $13.380 pesos. Otro dato: el 80% de los jubilados de EPEC cobra más de $9.200 pesos de haber jubilatorio.

No les va tan bien a los pasivos docentes: su haber promedio llega a 6.500 pesos. En el caso de los empleados de la administración pública, la cifra promedio es de 5.400 pesos. Muy lejos de los 13.380 que cobra en promedio un jubilado de EPEC pero, de todos modos, una buena jubilación si se las compara con las nacionales o con las cajas de profesionales.

Uno podría preguntarse por qué existen estas disparidades. ¿Acaso los docentes, los empleados de EPEC o los bancarios provinciales han sido más hábiles para manejar sus cajas? ¿O acaso han realizado mayores aportes durante sus años de actividad? No, nada de eso ocurre. Sucede solamente que la provincia de Córdoba, o sea el pueblo de Córdoba, paga la diferencia entre uno y otro haber.

¿Existe alguna razón moral, ética o laboral para que un jubilado de EPEC cobre, por ejemplo, 20.000 pesos y un jubilado de cualquier otro rubro llegue a apenas una quinta parte de esa cifra o, en el caso de los que perciben la jubilación mínima, menos de la décima parte?

¿No es acaso la equidad algo que todos los gremios tienen como estandarte en sus luchas? ¿No es la igualdad algo por lo que gritan hasta la afonía? ¿Consideran los gremios de Córdoba que esta situación es justa y equitativa?

Las cajas de jubilaciones se han tornado complicadas en todo el mundo. Ellas han contribuido a la acumulación de déficits fiscales de los gobiernos de Europa que están en base misma de la crisis del estado benefactor. Todos los cálculos actuariales realizados hace 40 o 50 años han caducado porque los avances de la medicina han estirado la vida 20 o 30 años. La gente vive más años, los jubilados cobran su haber durante muchos años y todas las cajas revientan.

Es gracioso ver a sindicalistas kirchneristas defender a sangre y fuego sus jubilaciones de 15.000 pesos mientras aceptan que su líder abone 1.800 al 80% de los jubilados nacionales. Han de pensar que el gobernador de Córdoba está bajo el influjo de un ataque de perversión o de locura que lo lleva a reducir las jubilaciones aún sabiendo que eso le quita votos, le complica la gobernabilidad y horada sus aspiraciones presidenciales.

Hay que reconocer que el propio gobernador no es completamente ajeno a la situación que hoy padece. Ha sido él quien jubiló anticipadamente a miles de empleados bancarios, docentes y administrativos, aumentando así el gasto que ahora le preocupa y complica.

Como sea, la situación de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, vista en perspectiva, carece de viabilidad con estos parámetros. Y es una fuente de inequidad y de privilegio pues establece deferencias notables entre pasivos que han realizado actividades similares, unos para el sector privado y otros para el estado. En definitiva, los unos sostienen el haber privilegiado de los otros.

El gobernador intenta acomodar las cuentas a la espera de un futuro acuerdo con la Nación que le permita cerrar los números y mantener la calma en la provincia al menos mientras dure su gobierno. Porque, seamos claros: cada gobierno tiene el estrecho horizonte de su propio período, sin importarle demasiado la viabilidad a mediano o largo plazo de sus propios actos de gobierno. Después vendrán otros gobernantes a los que la bomba puede explotarle pero eso no es algo que preocupe a quienes les toca gobernar hoy. Rige un cortoplacismo riguroso.

El problema de la Caja no es sólo de números. Es de conceptos. Es de equidad. Es de políticas. En este tema nadie se anima a hablar de inviabilidad. Eso no es políticamente correcto. Al que diga eso, nadie lo vota.

Algo así le sucedió a Ramón Mestre, padre. Tenía la mala costumbre de ajustar ahí donde él pensaba que hacía falta, para beneficiar los números de la provincia.

Y eso, ya se sabe, no se perdona.