Es difícil decir si el Vatayón Militante es peor como señal de lo que el Gobierno hace en el terreno de la seguridad o como paso adelante en su esfuerzo por partidizar el Estado.
En el primer caso, se inscribe en la saga de despropósitos que jalonan una larga historia de ineficaz lucha contra el delito. Que empezó con la adhesión acrítica y oportunista a las leyes propuestas por el ingeniero Blumberg -algo que conviene recordar para no cargar las tintas excesivamente sobre el componente ideológico de estos fracasos oficiales-, siguió con la definición de la inseguridad como "sensación" y derivó hace poco en la sórdida idea de hacer de esta gravitante preocupación ciudadana una excusa más en la guerra contra Macri, Scioli y demás enemigos políticos.
En el segundo terreno indica un grave avance en el también prolongado proceso de colonización de instituciones públicas por parte del kirchnerismo, particularmente grave pues afecta las fuerzas de seguridad, un componente decisivo del funcionamiento de todo Estado y del pacto que lo une imparcialmente con todos los ciudadanos. En este sentido, el problema no sería sólo ni principalmente lo que hacen el ex Callejeros Eduardo Vázquez, el barra Favale y otros acusados o condenados por crímenes violentos fuera de los penales, sino lo que hace Víctor Hortel, jefe tanto del Servicio Penitenciario como del Vatayón, dentro de ellos.
Los dos problemas, claro, están conectados entre sí. El escándalo del Vatayón me recordó la advertencia que les hizo un periodista a figuras del movimiento de derechos humanos, bien al comienzo del kirchnerismo: debían aprender del triste final de los economistas liberales por haberse enamorado de Menem, para evitar que sus nobles ideas y la causa por la que habían peleado terminaran fagocitadas por las necesidades políticas de un gobierno oportunista. Aunque viendo lo entusiastas que se muestran casi todas esas figuras con la proliferación de militantes en las instituciones del Estado, la monopolización del discurso de los derechos por parte del Gobiernoy la consecuente negación de derechos a sus adversarios, se entiende que no hayan prestado oídos a esas advertencias.
El Vatayón nos pone, así, frente a una contradicción que se ha ido volviendo más y más patente: si bien es cierto que el kirchnerismo ha tenido y aún tiene una agenda de ampliación de derechos que en algunos terrenos -el de las víctimas de la última dictadura, el matrimonio igualitario y unos pocos más- ha defendido con bastante esmero, también lo es que en todo lo vinculado con el pluralismo político, la igualdad ante la ley y el ejercicio del poder del Estado esa agenda ha sido mucho menos consistente y, en algunos casos, se ha abandonado ya hace mucho. El garantismo, específicamente, se ha aplicado con discrecionalidad y a distintos problemas con varas muy distintas, según las necesidades oficiales, buscando siempre minimizar costos y frenos, y aumentar réditos y libertad de maniobra.
Así fue como se encaró el trabajo en el Sistema Penitenciario Federal: el kirchnerismo se esmeró, por caso, en minimizar el riesgo de motines, porque suelen causar muchas víctimas, escándalos y grandes costos políticos, pero no se preocupó demasiado por la violencia cotidiana en las cárceles,que se cobra año a año, silenciosamente, decenas de muertes. Se entiende también, en este marco, que la resocialización de los presos haya sido concebida como una simulación publicitaria y como un medio para administrar discrecionalmente premios y castigos, y controlar informal y superficialmente lo que sucede en los penales, evitando encarar una costosa y complicada reforma que hubiera implicado chocar con las mafias que vinculan a presidiarios y carceleros. Y se entiende también que ese control haya sido encargado a una estructura partidaria antes que a una oficina pública: sucede igual que con el control de la protesta social, delegada en organizaciones afines que "manejan la calle" en detrimento de las fuerzas de seguridad, de las que se desconfía precisamente porque el Gobierno hace tiempo que renunció a reformarlas. Para esa tarea, claro, se necesita el tipo de expertise que poseen los criminales violentos, no los amateurs que cayeron por robar una gallina: de allí que en Vatayón proliferen tipos como Favale y los hermanos Díaz,asesinos de Axel Blumberg. Es el fruto lógico de una pauta de reclutamiento que además resulta justificada y reforzada por un "garantismo lumpen" que abusa del argumento sociológico según el cual "la sociedad crea al delincuente", para invertir la lógica penal y convertir a quienes delinquen en víctimas, algo sobre lo que Víctor Hugo Morales ha abundado en los últimos días.
He aquí la manifestación de una segunda paradoja que afecta al kirchnerismo: él promueve una muy extensa intervención del "Estado" en la vida social, pero no cree para nada en las virtudes de las instituciones públicas, porque ve en la administración regular de las cosas más un límite que un instrumento; confía por ello todas sus iniciativas a militantes, que si bien actúan dentro del Estado, no lo hacen como funcionarios de la ley, sino como entusiastas seguidores de una causa y un líder.
Así, resignado a que las cárceles sigan fabricando delincuentes, el kirchnerismo se esmeró en que al menos no le generen problemas; para lo cual convirtió a algunos de estos delincuentes en sus instrumentos. Al hacerlo, el uso lumpen, discrecional y selectivo del garantismo convergió con la partidización del Estado y el militantismo: ¿qué mejor que fabricar allí también más entusiastas kirchneristas?
A este respecto, el Vatayón ilustra tanto una tendencia a la militarización de la militancia como una aún más grave en dirección a la partidización del funcionariado a cargo de administrar la violencia estatal. Tendencias que ya se ha visto cómo operan en la Venezuela de Chávez y que, más atrás en el tiempo, se vio cómo lo hacían en la Italia de Mussolini: los involucrados declaran estar disponibles para lo que el jefe guste mandar y, en particular, para defenderlo de sus enemigos, que serán invitados a hacer, o se sentirán de motu proprio inclinados a hacer, cuando él se vea "amenazado".
La adopción de la squadra como lema y estructura organizativa tiene también su lógica: el Vatayón se inscribe en la idea de que la lucha política determina directamente todos los asuntos de la vida colectiva y, así como hay medios K y anti-K, educación K y no K, hay presos K, que serán los que merezcan un buen trato porque son distintos al resto, tienen más derechos y, si los demás quieren acceder a esos mismos derechos, deberían imitarlos. El sobredeterminismo político lleva así a atravesar las fronteras de los penales, a ignorar toda otra distinción, entre condenados y procesados, entre el asesinato y el delito menor. Y sus justificaciones, lo que es más importante, se ven ratificadas antes que desmentidas por las reacciones que la iniciativa despierta en el resto de la sociedad y el espectro político: las críticas no hacen sino confirmar que "la derecha" quiere violar los "derechos" de esos presos, que los partidos de la oposición agitan la sensación de inseguridad para desprestigiar al Gobierno, etcétera.
La reacción oficial de cerrar filas en torno a Hortel y su Vatayón completa este oscuro panorama. Fue seguramente sincero Zaffaroni cuando sostuvo, con el escándalo ya desatado, que se había incurrido en una "inconveniencia política", indiferente al hecho de que se habían violado normas y se había incurrido en acciones y procedimientos inmorales. Y también seguramente lo fue Cristina cuando exaltó a esos sacrificados militantes que difunden su credo en tan desagradables instituciones y comparten el fervor de los alegres barras, que se pierden los partidos de su equipo con tal de darle ánimos a la tribuna. La lógica es siempre la misma: importan la lucha política y el entusiasmo, no puede por tanto importar el respeto de la ley, esa excusa de los enemigos para obstaculizar y dañar al Gobierno y, en última instancia, para resistirse a desaparecer. Si desde el poder del Estado se asume tan abierta y concienzudamente que acciones como éstas son plenamente legítimas, aunque cuando cobran estado público se las critique como "inconvenientes", es lógico que lo que se quiera corregir es esa inconveniencia. Y es igual de lógica la conclusión que deberían sacar todos los demás: que la incompatibilidad entre esa pretensión y la preservación y vigencia del Estado de Derecho es el fondo del problema que tenemos adelante.
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