El proyecto de Código Penal que a mediados de febrero Cristina Kirchner recibió de manos de una comisión encabezada por Eugenio Zaffaroni (el juez supremo más amigo de la Casa Rosada) sólo irrumpió en la celebridad cuando Sergio Massa, diputado e inspirador del Frente Renovador, denunció algunos de sus rasgos más controversiales y afirmó que promovería una consulta popular destinada a debatir ampliamente esos puntos y a rechazar su aprobación.
La ventana que abrió Massa
Hasta ese momento, para la opinión pública el código proyectado sólo era un título: sus detalles eran desconocidos, los gestores del texto actuaron como si las normas allí bosquejadas sólo fueran tema de discusión para especialistas o legisladores. Pero la noticia de que ese trabajo proponía reducir las penas a delitos como (para citar sólo algunos) el homicidio, la sustracción, la trata o la corrupción de menores de menores y el tráfico de estupefacientes y auspiciaba, además, que los antecedentes de los autores de delitos fueran ignorados en casos de reincidencia, se transformó de inmediato en un motivo de alarma social que obligó a reaccionar a varios partidos de la oposición que habían intervenido con especialistas en la comisión redactora y que, hasta ese momento, acompañaban alegremente la propuesta presentada y aguardaban su pronto tratamiento legislativo. La comisión de Zaffaroni había contado con miembros aportados por el Pro (Federico Pinedo) y por UNEN (el radical Rodolfo Gil Lavedra y la doctora María Barbagelata, vinculada al socialismo y al GEN).
La primera reacción frente a la postura que lanzó Massa fue de rechazo y hostilidad: Zaffaroni trató al jefe del Frente Renovador de demagogo y le aconsejó que fuera a estudiar; Gil Lavedra, con cierto apoyo de la cúpula de la UCR, lo caratuló como “oportunista”; el oficialismo recogió esa ristra de imputaciones y las hizo repetir por sus habituales voceros formales e informales. El Pro dejó a Pinedo momentáneamente en soledad y se sumergió en un debate interno y en el estudio de encuestas de emergencia (aunque obviamente tardías).
Tras la sorpresa y la perplejidad generadas por la firme iniciativa de Massa y por la evidencia de que encontraban amplia repercusión en la sociedad, empezaron a registrarse desalineamientos. El primero y más notable fue el de Julio Cobos que argumentó, en armonía con Massa, que la propuesta no era aceptable y agregó que su aprobación equivaldría a la rápida excarcelación de delincuentes ya condenados que se acogerían en ese caso, sin duda, al principio de la ley más benigna. Figuras importantes del radicalismo también se sumaron a las críticas (aunque cuestionando simultáneamente a Massa, quizás celosos de la perspicacia y la velocidad de reflejos del tigrense). Finalmente, Mauricio Macri se sumó al coro con un matiz: no criticó los contenidos del proyecto (tal vez para no dejar definitivamente desubicado a Pinedo), sino la oportunidad de su tratamiento (deberá admitirse que, pese a tener un distinguido cuadro político en la comisión redactora, el Pro, sólo reparó en ese hecho después de que Massa lanzó su decisiva andanada).
El consenso bienpensante
Conviene detenerse por un momento en la actitud de las fuerzas opositoras que acompañaron sumisamente el proyecto liderado por el juez Zaffaroni y sólo reaccionaron cuando comprendieron que podrían quedar desubicadas por un debate con amplia participación de la sociedad. Esa (en el mejor de los casos) pasividad revela hasta qué punto el alegado progresismo que nutre el relato oficialista ha penetrado en otras fuerzas políticas que, en muchas circunstancias, reaccionan por reflejo condicionado y se acogen pavlovianamente al consenso políticamente correcto tan pronto repica ante ellas la campanilla del progresismo o se sienten amenazadas de expulsión al infierno que el núcleo bienpensante define como ”partidario de la mano dura”, “reaccionario”, “derechista” o “fascista”.
En la cuestión del delito y, muy especialmente, en el que se relaciona con el tráfico de personas y el comercio de sustancias psicotrópicas, ese consenso políticamente correcto hace tiempo que ubicó en este casillero a cualquier iniciativa destinada a combatir con eficacia su práctica y su expansión y a castigar a sus autores. Los socios de ese consenso suelen ser denominados “garantistas”, un título equívoco: las garantías que esa postura invoca benefician al criminal antes que a la víctima. O, si se quiere, victimizan prioritariamente al delincuente describiéndolo como chivo expiatorio de un sistema cruel, de una sociedad vindicatoria. No es él, sino la sociedad, quien merece el castigo, en todo caso.
Eugenio Zaffaroni es una expresión exquisita de esa postura y se ha convertido en autoridad máxima de tal consenso. El jueves, en una entrevista difundida por TN, la diputada Graciela Camaño caracterizó la posición de Zaffaroni como “abolicionista”, es decir, partidaria de suprimir o ir desvaneciendo las penas, abreviándolas, atenuándolas o transformándolas en canjeables por multas o trabajos voluntarios (“probation”) Esa es la filosofía que impera en el proyecto que hoy se debate y si los diputados opositores creen que le fijaron límites, estos han quedado limitados a detalles, que no modifican ni el tono general de “revuelta abolicionista” que Zaffaroni le impuso al texto ni las consecuencias prácticas que su aplicación provocaría en una sociedad que ya está desbordada por el delito y la impunidad.
Premios y castigos
Las ideas políticamente corrrectas del abolicionismo (o de sus versiones vergonzantes) naufragan cuando deben pasar de las aguas climatizadas del academicismo, los clubes de becarios globales o los salones de la izquierda chic a la borrasca de la realidad: la sociedad está harta de impunidad. De todo tipo de impunidades: las que benefician a los mafiosos y a los corruptos, a los abusadores, los secuestradores, los piratas del asfalto, los homicidas y los femicidas, a los violadores, los proxenetas y los rateros, a los usurpadores de casas particulares o del espacio público…
Ese hastío social converge con una creciente atmósfera internacional que ubica al país como un espacio en el que el delito crece, la corrupción se vuelve endémica y los criminales encuentran facilidades transformarlo en su “lugar en el mundo” o, cuando menos, para lavar sus fondos.
Por eso, la propuesta de someter el proyecto de código (sus detalles y su filosofía) al juicio de la sociedad, abriendo las ventanas para airearlo y transparentarlo, tuvo los efectos que tuvo y muy probablemente haya frenado una marcha hacia la aprobación que avanzaría sin grandes obstáculos (más allá de algún discurso sonoro) en caso de que su destino dependiera exclusivamente de los trapicheos y operaciones de toma y daca en salones cerrados.
La cuestión del narcotráfico y su enraizamiento en el país es otra cuestión que empieza a adquirir otro tono merced a otra iniciativa de denuncia pública, en este caso asumida por la Iglesia. Las señales de alarma lanzadas con insistencia por los obispos, acompañadas más tarde por la Corte Suprema de Justicia y por diferentes fuerzas políticas están impulsando actividad donde antes imperaban la inmovilidad y el silencio. Las fuerzas políticas están incorporando el tema a sus agendas, las autoridades locales (municipios, provincias) hacen lo propio. Como se trata de un fenómeno abarcativo, complejo y multiforme y tiene raíces globales, es preciso encararlo en distintos planos; uno de ellos, indispensable, es la cooperación internacional. Argentina tenía obturada, por ejemplo, sus relaciones con la DEA de Estados Unidos a partir de la famosa peripecia protagonizada por el canciller Héctor Timerman, cuando acudió con un alicate industrial a un avión norteamericano (huésped del país y en misión cooperativa previamente acordada) y rompió sellos de seguridad de los visitantes. Por estos días Timerman echa más leña al fuego con acusaciones contra Estados Unidos por el tema drogas, pese a lo cual varias provincias están actuando por su cuenta en conexiones de colaboración y búsqueda de apoyo y asesoramiento de la principal agencia antidrogas del mundo. La realidad obliga a saltear obstáculos: las actitudes infantiles o provocativas de un funcionario son menos relevantes que la presencia creciente de mafiosos, lavadores y sicarios.
Máximo y Maduro: la vida de los delfines
Otra perla de la semana que termina: mientras la señora de Kirchner bailaba, de blanco, en una villa de emergencia, con la excusa del primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez, un diario oficialista lanzaba la primicia de una próxima biografía a Máximo Kirchner. Se trata, al parecer, de un intento oficialista de imponer –mientras aún cuenta con medios- el nombre de un delfín, que deberá liderar la fuerza remanente que el kirchnerismo logre retener cuando pierda el gobierno. Como se ha señalado en esta columna, el núcleo duro del oficialismo buscará ” reagruparse, cosechar un refresco parlamentario que se sume a la tropa que sobreviviría en el Congreso y resguardar, en principio, a la cúpula K de las previsibles cuentas a rendir”.
A juzgar por las declaraciones que se atribuyen al hijo de la familia presidencial, esa fuerza tendrá poco que ver con el peronismo: “Hoy parece que el peronismo es lo que abarca todo, pero hay que ver qué piensan los pibes, si se sienten tan representados de esa manera como para decir que son peronistas y ya está.”
Máximo parece el delfín elegido para liderar la nueva fuerza que imagina el kirchnerismo. Una diferencia con el venezolano Nicolás Maduro, delfín de Hugo Chávez por voluntad del caudillo ya muerto, es que Máximo tiene la virtud de compartir el apellido presidencial. Otra diferencia: que a Maduro Chávez al menos le entregó una presidencia. En cambio a Máximo (dejando de lado otros detalles obvios) sólo le ofrecen atravesar un desierto.
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