jueves, 5 de enero de 2012

Inseguridad y discriminación. Por Gonzalo Neidal

(Publicado en Diario Alfil de Córdoba - 03/01/2012)
En un tiempo en que las privatizaciones son mala palabra, hay varios rubros que tradicionalmente han gozado del monopolio estatal en los que, silenciosamente, la gestión privada ha ido ganando espacio.
Uno de ellos es la seguridad.

El policía en las esquinas pertenece al pasado. Los patrulleros se ven cada vez menos y las 4x4 de la CAP ya ni aparecen. Cada gobierno que sube pone muchas pilas en el tema y luego, con el transcurso de los meses, lo van abandonando y todo vuelve a ser como antes.
Por eso apareció la seguridad privada. En muchos barrios, en cada esquina hay una casilla con un vigilador que pagan todos los vecinos de la cuadra. Las empresas contratan vigiladores privados. Los edificios también. Los bancos. Algún comercio con mucho movimiento. E incluso algunos organismos oficiales.
Es una privatización de la que nadie se queja. Pero ahí está. Como todas las privatizaciones, se originó en la insuficiencia del estado. En su ineficiencia. En su incapacidad. Si algo no es solucionado por el estado, aparecen los privados para hacerlo. Y en buena hora que así ocurra. Algo parecido sucede en salud y educación. Pero son privatizaciones de las que nadie se queja. Quizá consideren que no son sectores estratégicos y que, por eso, la soberanía nacional no corre peligro.
Pero pese a la asistencia de vigiladores privados, la inseguridad continúa. Por eso, los vecinos del residencial barrio URCA han elaborado otra iniciativa: habilitar un registro con los trabajadores temporarios que cumplen tareas en la zona.
Una medida sumamente odiosa. Como lo son todas las medidas de seguridad. Que nos pidan los documentos, que nos detengan el auto en la ruta y tengamos que abrir el baúl, que nos hagan pasar por el detector de metales, etcétera.
Todo sumamente incómodo. Pero un poco menos incómodo que los asaltos, robos y agresiones físicas.
Y lo que resulta inevitable en estos casos es que aparezcan las sobreactuaciones sobre discriminación.
Si el registro es o no contra las leyes, que lo determinen los jueces.
Si es eficaz para prevenir delitos, que opinen los expertos en seguridad.
Pero aflojemos un poco con la presunta discriminación. No nos rajemos las vestiduras y empecemos a pensar que se trata de una persecución a los pobres.
Quizá la iniciativa sea rústica o técnicamente reprochable.
Quizá sea, incluso, ineficaz.
Pero lo que tratan los vecinos es de encontrar una solución a un tema al que el estado no se la ha hallado.
No sea que de tanto buscar a nuestro alrededor a gente discriminadora, nos volvamos nosotros mismos prejuiciosos y propensos a pensar que todo aquello que busca evitar robos y crímenes, no son más que ataques encubiertos a los pobres.
Si hay algo que no discrimina es la inseguridad.
Y si estos temas están en debate es porque el estado mira para otro lado, o está desbordado.


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